Chile cuenta desde 1999 con un cuerpo legal específico para regular la forma en la que se tratan los datos personales de los ciudadanos del país. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han mermado la vigencia de esta normativa y prueba de esto son las más de 70 mociones parlamentarias introducidas para perfeccionar el tratamiento de los datos personales.
Hoy los chilenos cuentan con una ley que no se adapta a los estándares internacionales, carece de una institucionalidad sólida y deja expuestos los datos personales de los ciudadanos. Conociendo estas debilidades, nuestro país se encuentra trabajando desde 2014 en una propuesta de Ley, por la que tanto ciudadanos como empresarios estamos expectantes y ansiosos.
Éste se enmarca dentro de la responsabilidad de crecimiento y desarrollo suscrito con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmado en 2010, y que entre las buenas prácticas, ha solicitado la “Protección de la privacidad y flujo transfronterizo de datos personales”. Esta recomendación busca impulsar el desarrollo de mercados emergentes de nuestra economía, como el de Offshoring o Servicios Globales.
Chile es reconocido como una localidad emergente con una gran oportunidad para desarrollar una estrategia de especialización internacional en servicios de alto valor. Sin embargo, algunas empresas internacionales han expresado su preocupación por la insuficiente protección jurídica de las bases de datos personales. Por ejemplo, en este momento al ser considerado como un país con un nivel no adecuado de protección en materia de datos personales, ha debido someterse al mecanismo de las cláusulas tipo en los respectivos contratos que se suscriben con empresas extranjeras.
Una Ley de Protección de datos debe ir acompañada de un marco jurídico que consagre los derechos de las personas a ser propietarios de sus datos personales y a proteger la vida privada, y un tratamiento correcto de ellos bajo estándares mundiales. Pero también requiere de una entidad que haga cumplir la legislación y fiscalice su cumplimento.
Más allá de la gobernabilidad, lo más importante es avanzar en la discusión y aprobación de una ley que beneficie a todos e impulse la competitividad de la industria, fomente la inversión extranjera y permita un crecimiento basado en Servicios Globales.
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