Sin humo blanco se mantienen las conversaciones entre Contraloría y Codelco que buscan solucionar el impasse producto del dictamen del 2 de mayo, en el que se cuestionaba la libertad de disposición patrimonial de la administración de la minera; y del famoso informe 900, una auditoría reservada en la que se cuestionaron contratos de la minera con partes relacionadas por más de US$ 783 millones.
Pese a que ha habido reuniones entre ambas entidades para establecer un mecanismo de solución -básicamente un plan de apoyo al cumplimiento que establezca compromisos para ir implementando en un tiempo definido-, un punto ha asomado como un obstáculo insalvable hasta el momento es un artículo de pocas líneas incluido en la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 4.
Pese a que esa norma, que fija los mecanismos para las contrataciones que hace el Estado, no opera para Codelco, está el debate si el artículo 4 sí es aplicable.
En este apartado se estipula que ningún órgano de la Administración del Estado, incluyendo a empresas como la minera, puede celebrar contrato con personas relacionas, salvo cuando se informe a la Cámara de Diputados y a la Contraloría.
En Codelco han concentrado sus esfuerzos en defender que la empresa se rige por el estatuto de la Ley de Sociedades Anónimas, que sí permite el contrato con personas relacionadas, aduciendo además que el informar de cada una de sus operaciones afectaría directamente a la gestión de la compañía, al revelar información confidencial contenida en los contratos.
Sumado a esto, han acusado un cambio en el criterio de parte de Contraloría, ya que en dos dictámenes anteriores, de los años 2012 y 2015, la Contraloría le ha dado validez a este operar de la minera a la hora de celebrar contratos con personas relacionadas.
Cercanos al caso estiman que al incluirse a las empresas en ese punto específico de la ley, se dio una señal clara respecto de que no es contrario a la normativa de las Sociedades Anónimas.
Plazos vencidos
Aunque Codelco mantiene abierta la posibilidad de implementar la estrategia judicial, llevar la disputa a tribunales topa con un inconveniente importante: los plazos.
Y es que ya vencieron los plazos para poder uno de los caminos, que era ir de protección ante la Corte de Apelaciones. Esto, tanto para el dictamen como para la auditoría a los contratos.
Ante esto, la única vía posible para solucionar el conflicto por esta vía sería acudir a los tribunales civiles, lo que significaría que la pugna se mantendría por al menos cinco años más abierta, afectando la gestión de la empresa.
De esta forma, las conversaciones seguirán congeladas hasta la próxima semana, cuando vuelva de vacaciones el contralor Jorge Bermúdez.
De no haber acuerdo, un nuevo round podría darse hacia fines de año. Esto, porque tras realizar fiscalizaciones en las que detecta problemas, la Contraloría vuelve a revisar aproximadamente seis meses después. Si antes no pactan un plan, ésta vez la pugna podría ser más dura.
Minera materializa renovada estrategia para Nuevo Nivel Mina
Una adecuación del proyecto Nuevo Nivel Mina será presentado hoy ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de O'Higgins por parte de Codelco, esto tras las modificaciones que se han realizado en uno de las iniciativas más importantes que impulsa la corporación, que presenta un avance de un 42%.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) contiene el nuevo plan de explotación de reservas, aprobado en marzo pasado por el directorio, luego de las adecuaciones que ha realizado la empresa a partir de los dificultades geológicas del proyecto. En ese sentido, la explotación considerará una profundización escalonada del yacimiento, ubicándose la primera etapa entre los actuales niveles de producción de la mina y que contemplaba NNM, utilizando accesos, logística, servicios e infraestructura de transporte existente. Mientras que el segundo escalón de profundización, denominado Andes Norte, estará ubicado al nivel de producción original que se presupuestó inicialmente.
El gerente general de El Teniente, André Sougarret, sostuvo que "de esta manera la Corporación está materializando la nueva estrategia de desarrollo del yacimiento, para extender su continuidad operacional por al menos 50 años".
Con todo, se espera que este proceso no presente mayores contratiempos, ya que no hay impactos ambientales distintos a los ya permitidos, y se consumirán las mismas reservas consideradas en el proyecto original, 2 mil millones de toneladas de cobre, con una tasa de extracción diaria de 131.000 toneladas de mineral.
Según las proyecciones, con este ritmo la producción sería similar a la actual, en torno a las 450 mil toneladas de cobre fino por año. En tanto, la construcción se espera que se extienda de 2018 a 2023, donde debiese comenzar la producción, con una inversión de US$ 1.350 millones.
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