El contralor Jorge Bermúdez continúa su ronda de reuniones para dar solución al conflicto que mantiene con Codelco, y esta vez fue el turno de Cochilco, encargada de fiscalizar de manera directa a la estatal y que había sido criticada anteriormente por las deficiencias mostradas en el proceso de auditoría que impulsó la Contraloría y que terminó por destapar irregularidades en contratos con relacionados por US$ 700 millones.
Todo esto cambió ayer. Tras la cita, ambas entidades pactaron desarrollar un trabajo conjunto para aumentar el rol fiscalizador de la Comisión Chilena del Cobre sobre Codelco. Así lo explico el vicepresidente de la entidad, Sergio Hernández, quien declaró que un tema tratado fue el “integrarnos en hacer fiscalizaciones más eficientes, aunando criterios, formando mesas de trabajo. Eso fue el objetivo, coordinar estilos de fiscalización, procedimientos e integración para tener mejores resultados”.
Parte de las tareas que realizarán ambas entidades tienen que ver con estas mesas, que consistirán en el trabajo conjunto entre cargos similares de las instituciones “para resolver algunos puntos normativos de interpretación”, dijo Hernández, quien agregó que “desde luego tenemos que estar en la misma línea”.
Sostuvo además la importancia de trabajar coordinadas, a raíz de la falta de recursos que tienen ambas entidades. “En forma conjunta hay que definir lo que más nos interesa fiscalizar, que son los procesos de más alto riesgo y de mayor impacto”, dijo.
Consultado sobre si con este tipo de acercamiento es posible evitar el llegar a tribunales, Hernández dijo “yo veo cada vez más cerca la salida administrativa, la salida jurídica y una también desde el punto de vista de la eficiencia de la gestión pública”.
Junta de accionistas
Además, ayer la administración de Codelco, encabezada por Nelson Pizarro, informó que la junta de accionistas donde se discutirá el marco normativo aplicable a la empresa se realizará el próximo lunes 19 de junio a las 18:30 horas en la Casa Matriz de la corporación.
Hasta allí asistirán los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Minería, Aurora Williams, a quienes se les planteará la estrategia legal que seguirá la minera si es que no se concreta una salida administrativa al conflicto y que incluye la opción de llevarlo a tribunales.
La empresa precisó a la SVS que todo esto le generará un efecto de unos
US$ 100 millones, que consiste en unos US$ 71 millones en menor margen operacional por la restricción de extender contratos licitados y US$ 33 millones en menor gasto de inversiones por cambios en la estrategia de contratación.
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