En línea con la tónica de los últimos 11 años, la trama del proyecto Dominga no termina con su nuevo rechazo -esta vez el tercero- en el Comité de Ministros. Y si bien se abren escenarios que riman bastante con lo que ha ocurrido en el pasado, un nuevo debate en torno a un eventual “desacato” por parte de la instancia ministerial se desacopla de lo discutido con anterioridad.
En la previa de la votación de los subrogantes, la empresa Andes Iron advirtió que si el Comité de Ministros no resolvía a su favor, “incurriría en desacato”, dado que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) en su sentencia del 9 de diciembre “señaló claras e inequívocas directrices” respecto a la votación. Asimismo, la firma solicitó el cumplimiento incidental del dictamen.
Se sumó a dicho planteamiento el exministro del Trabajo y expresidente del PS, Osvaldo Andrade, quien, en su calidad de abogado representante del Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile (Fedechi), argumentó que el Comité faltó a la sentencia del Tribunal, toda vez que las razones que lo llevaron a calificar desfavorablemente el proyecto ya fueron ponderadas y resueltas. “Hay un abierto desacato”, dijo en T13 Radio.
Desde La Moneda salieron a defender la actuación del Comité. Primero, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo en Cooperativa que los temas considerados para el rechazo “no están en los que aparecen en el fallo como zanjados. El SEA sabe cómo hacer los análisis y se ha resuelto acatando el fallo”.
Le siguió la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, quien aseguró que “la decisión del Comité se hace en el marco de sus competencias, de acuerdo a sustentos técnicos”. Remarcó que el Gobierno ha puesto dentro de sus prioridades el crecimiento económico y que “podemos resguardar el medioambiente al mismo tiempo que generamos desarrollo”.
Ante la discusión, Rosa Fernanda Gómez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, comentó a DF que será el mismo 1TA el que “tiene que verificar que el mandato establecido en su sentencia se ha cumplido en los términos que fueron indicados”. Explicó que si se cumpliera la premisa de que el Comité se pronunció sobre aspectos que la sentencia ya había dado por zanjados, habiendo autoridad de cosa juzgada respecto de eso, “podría configurarse un ilícito de desacato”.
Cabe destacar que lo único que se conoce de la votación es el comunicado de prensa divulgado por Medio Ambiente, por lo que, para defender con seguridad la tesis del desacato, las partes tendrían que esperar la resolución de la sesión del SEA, que podría tardar unos seis meses.
¿Votación nula?
Otra de las polémicas apunta al incumplimiento del plazo definido por el 1TA para repetir la votación. Así, entre el fallo del 9 de diciembre, la sesión del 23 donde se inhabilitaron los ministros, la respuesta de Contraloría respecto a la conformación del grupo y la votación de este miércoles, pasaron más que los 15 días otorgados.
Un día antes de la votación, el SEA solicitó al Tribunal un “plazo prudencial” para cumplir con la sentencia, pero el 1TA la rechazó. A horas de la sesión, el exministro Andrade pidió dejar sin efecto la citación por ser un pronunciamiento fuera de plazo: “Cualquier decisión es nula”, dijo.
De todas formas, la académica de la Universidad de los Andes indicó que “los plazos administrativos no son fatales, se entiende que el Comité pudo sesionar posteriormente y más aún cuando pidió ayuda a la Contraloría para la subrogación”.
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