Preocupación causó en el sector minero la propuesta de la Comisión Nacional de Productividad (CNP) respecto a realizar importantes modificaciones al sistema de concesiones mineras, todo con la idea de impulsar los niveles de inversión.
Entre las 53 recomendaciones recomendadas por el grupo de trabajo, se plantean cambios sustanciales al Código Minero. Esto, con el objetivo de superar actuales limitaciones que tiene la inversión, entre ellas que existe una baja cantidad de terrenos disponibles para explorar.
Sin embargo, una reforma de esta magnitud necesariamente tendría que pasar por el Congreso, lo que hizo encender las alarmas. “El problema es que se da espacio para que se levanten temas que no tienen que nada que ver, como el destino de los fondos, y que nos van a tener toda la vida discutiendo”, explica Pedro Lyon, socio de Guerrero y Olivos.
Entre los cambios que se proponen, está modificar los plazos de las concesiones de exploración y explotación. Entre las primeras, se plantea subir el plazo de dos a tres años de duración, pero limitar las renovaciones hasta cumplir un máximo de nueve años. También se proponen límites para que personas relacionada soliciten estos permisos.
En las de explotación, se fija 30 años de plazo, aunque renovables si se acredita el desarrollo del yacimiento por 10 o 15 años, establece el documento.
También se propone hasta al menos quintuplicar el pago por patentes mineras y establecer un sistema de pagos progresivos, en el que se vaya demostrando las labores que realizan las empresas en esos territorios.
En la industria apuntan a que modificaciones como estas generarían incertidumbres, ya que “las reformas mineras deben ser tomadas con mucha seriedad y de manera eminentemente técnica en materia concesional”, dice Antonio Ortúzar, de Baker & McKenzie, quien además plantea dudas respecto que esto ayudará a subir la inversión. “Para fomentar la exploración se deben hacer mayores esfuerzos para conseguir la atracción continua de mayores inversionistas, sólo con un recambio constante de proyectos mineros podremos cosechar frutos en el futuro”, dice.
Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining, advierte que “cualquier modificación en este tema, que es una piedra angular de la minería chilena, necesita un consenso amplio para evitar que la búsqueda de perfeccionamiento se convierta en un riesgo de terminar con algo que lesione la certeza jurídica para la minería”
Paulina Riquelme, abogada de Eelaw, quien indica que “debiera haber una reflexión más profunda respecto de qué modificar, porque habría que asumir que esto tiene consecuencias, que incentivan o desincentivan la inversión”.
Uno de los temas que genera consenso de manera transversal, es la necesidad de actualizar el sistema de catastro de la información geológica. La comisión -cuyas propuestas están siendo analizadas por el gobierno- señala que “existe un atraso importante tanto en disponibilidad como en calidad de la información” geológica, ya que la plataforma actual no está suficientemente automatizada y digitalizada, por lo que incluso se pueden producir superposiciones en las asignaciones de propiedad.
Entre los expertos también concuerdan en que debe aumentar la vigiliancia sobre el uso de estas concesiones, ya que el 27% de los permisos están en manos de personas o empresas que no son del rubro minero, y que las utilizan para especular. El problema es que no hay concordancia en cómo hacerlo.
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