Después de haber ingresado a la Corte Suprema en septiembre de 2019, la causa que definirá la validez del permiso ambiental para utilizar explosivos en la extracción de carbón de Mina Invierno está ad portas de cumplir uno de sus hitos claves.
Esto, porque en las próximas semanas se realizarán los alegatos de la causa que enfrenta a organizaciones y la empresa, después que el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, anulara el 21 de agosto de 2019 la Resolución de Calificación Ambiental para incluir tronaduras en la operación ligada a Empresas Copec y Ultramar que había obtenido luz verde originalmente en 2011.
La compañía había intentado incluir este elemento en su operación para hacerla rentable, pero la Declaración de Impacto Ambiental bajo la cual tramitó el cambio en el proyecto recibió una dura oposición.
De ahí en adelante se fueron dando pasos en la dirección de disminuir el ritmo de extracción, bajando la cantidad de personal contratado, hasta que se hicieron este año los últimos embarques del carbón sub-bituminoso que se saca de Isla Riesco, en Magallanes.
Ya sin actividad, en julio de este año, además, el directorio de Mina Invierno tomó la decisión de paralizar definitivamente las faenas, que incluye no solo el lugar para extraer carbón, sino que también un complejo portuario.
Esto implicaba modificar los planes de cierre para adaptar la clausura definitiva de ellas antes del término de su vida útil, lo que debía hacerse ante el Sernageomin.
Incluso, las tolvas que se ocupaban fueron vendidas y se enviaron a Australia.
Designan relatora
El año y casi tres meses que ha llevado el caso en la Corte Suprema solo se vio interrumpido por el ingreso de algunos escritos que han presentado las partes para reforzar sus argumentos.
Pero hace dos semanas hubo los primeros indicios de movimientos, cuando se designó a Sandra Araya Naranjo como relatora de la causa y, durante este mes, se ha puesto al menos tres veces en tabla de la Tercera Sala para que se concreten los alegatos, lo que aún no ha ocurrido.
Para este miércoles 23 estaba agendada en el octavo lugar de la tabla de la Tercera Sala el caso, pero finalmente una de las partes pidió que se suspendiera.
Así, todo apunta a que la audiencia se concretaría en las próximas semanas, probablemente los primeros días de enero.
La empresa es representada por Mario Galido; los trabajadores por Pablo Ortiz; el Servicio de Evaluación Ambiental por Yordana Mehsen, y por Alerta Isla Riesco es Diego Lillo.
Consultada, Alerta Isla Riesco señaló que "hemos esperado todo este año para que entrara la causa a la corte".
"Tenemos la esperanza y la convicción de que la decisión que se tomó primero en la comisión regional en Magallanes de rechazar el proyecto de tronaduras y que se reafirmó en el Tribunal Ambiental, 2019, se mantendrá. Los jueces del Máximo Tribunal votarán en razón de los hechos donde los argumentos de nuestra parte se muestran sólidos y también en el contexto global en relación a la explotación y uso de los combustibles fósiles", agregó.
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