La tercera mayor productora de boro del mundo, Quiborax, lleva 26 días paralizada y sin procesar el material de acopio, denunció la compañía. Esto en el contexto de la demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la eventual afectación del Salar de Surire presentada el julio pasado y que entre otras medidas cautelares pidió cesar la operación de la mina y luego impidió el procesamiento del mineral ya extraído.
En la demanda el CDE aseguró que la empresa “ha causado un daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable en el Salar de Surire”, lo que se fundamenta en que ha explotado los depósitos salinos superficiales del salar “sin considerar medidas de mitigación, reparación y compensación idóneas y eficaces que impidieran impactos ambientales significativos”.
Otro de los fundamentos entregados por el CDE es que durante los 37 años que la faena minera ha trabajado en el lugar “ha producido evidentes impactos ambientales, que se han acumulado y devenido en daño ambiental, causando la destrucción irreparable de los sedimentos de la superficie del Salar para acceder a la ulexita depositada bajo ellos”.
Quiborax niega los cargos y ha denunciado lo que considera una "falta de imparcialidad y exceso de activismo en su contra", por lo cual solicitó al Primer Tribunal Ambiental levantar la medida o al menos que se les permita procesar el material acopiado. El jueves se conoció la decisión del tribunal: no aceptó la petición de la empresa.
"Acogiendo una oposición presentada fuera de plazo por el CDE, el tribunal negó, sin fundamento alguno, que la empresa traslade el mineral ya extraído y acopiado en Mina (Salar) hasta su Planta industrial ubicada en el sector El Águila", dijo a DF el gerente general de Quiborax, Allan Fosk.
"Trasladar este material a nuestra planta productiva no es una maniobra extractiva adicional ni menos importa una modificación de la cautelar decretada", explicó y detalló que "se trata de una operación esencial para garantizar tanto la seguridad como el manejo ambiental adecuado de ese mineral, lo que ha agravado la situación crítica de Quiborax".
"Lo que enfrentamos, por lo tanto, es una medida absolutamente desproporcionada e inconsistente con principios elementales en materia regulatorio-minera, la cual riñe con los más elementales principios en materia regulatoria minero-ambiental", enfatizó.
Repercusiones laborales y pérdidas
Ante la preocupación manifestada por los sindicatos de trabajadores de Quiborax en relación a sus fuentes laborales, Fosk sostuvo que "de perseverar esta total prohibición, estamos hablando de un serio riesgo para una compañía de la cual dependen más de 20 mil personas. Nuestro stock actual nos permite operar por dos meses y medio más".
Cabe destacar que el transporte del material lo realizan más de 60 contratistas que son parte de las comunidades indígenas de la región, según expuso el gerente general, "los cuales no sólo están empezando a abandonar sus caseríos ancestrales, sino que además están enfrentando una serie de consecuencias económicas y patrimoniales derivadas de la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, créditos, etc.".
Consultado por cuánto boro han dejado de producir, indicó que aún cuentan con el material en stock de la planta El Águila, pero que la decisión del 1TA "acorta los tiempos de operación de manera sustantiva, lo que ha generado una natural angustia en toda la cadena que depende de Quiborax".
"El escenario es complejo y estamos evaluando todas las acciones que sean necesarias para revertir las arbitrariedades que hemos sufrido en estos pronunciamientos infundados y que han puesto en jaque a nuestra empresa y las más de 20 mil personas de la región que dependen de ella", subrayó.
Efecto en proyecto de litio
Quiborax posee litio en sus depósitos de desecho de producción de boro, por lo que en 2023 realizó la solicitud de CEOL para procesar el material no metálico. Su caso es considerado excepcional, porque no hay salares involucrados, ni impacto ambiental, ni tampoco está el litio en pertenencias mineras. Sin embargo, el proceso judicial y la situación de paralización mantienen en vilo dicho proyecto.
"Si la empresa sigue siendo presionada de manera absolutamente ilegítima en este proceso judicial, por causa de la medida cautelar que estamos recurriendo en estos momentos ante el propio 1TA, es evidente que eso afectará sus posibilidades económicas, financieras, patrimoniales, técnicas y humanas para desarrollar cualquier otro proyecto", sostuvo Fosk.
"Si no podemos producir en forma normal, mal podremos generar recursos para otro proyecto, lo que es bastante indignante e ingrato, pues estábamos muy avanzados en el proyecto de obtención de litio a partir de los ripios que genera el proceso de producción de boro. De hecho, la solicitud de CEOL para ese proyecto la hicimos en diciembre de 2023 porque el Ministerio de Minería, según se nos señaló, quería tener listo ese CEOL en enero o febrero de este año", detalló el gerente general de la empresa.
La compañía de la familia Fosk realiza una explotación a rajo abierto de ulexita entre los 80 y 100 centímetros de profundidad de los depósitos salinos superficiales del Salar de Surire con el despliegue de una faena mecanizada con uso de excavadoras, retroexcavadoras, niveladoras, montacargas y vehículos de transporte pesados y medianos dentro del salar. Se extraen entre 750 mil toneladas anuales (1988) y 470 mil toneladas anuales (2023), indicó el Primer Tribunal Ambiental cuando informó de la demanda del CDE.
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Valeria Ibarra
