El 31 de diciembre pasado AFP Capital presentó la primera demanda contra una persona jurídica de la que se tenga registro. Y lo hizo nada menos que contra Empresas La Polar.
La acción, de carácter indemnizatorio, fue interpuesto por el abogado Juan Ignacio Correa de CorreaGubbins, estudio que fue contratado para analizar las acciones a seguir en materia civil en el caso La Polar.
Además, la administradora de fondos de pensiones presentó el mismo recurso en contra de PricewaterhouseCoopers (Pwc) y nueve ex ejecutivos del retailer: Pablo Alcalde, Marta Bahamondes, María Isabel Farah, Pablo Fuenzalida, Martín González, Santiago Grage, Julián Moreno, Nicolás Ramírez e Ismael Tapia, contra quienes fueron presentados cargos por la fiscalía.
Respecto a los montos solicitados en la demanda como indemnización, éstos no fueron revelados, así como tampoco se pudo conocer cuáles fueron el monto del perjuicio patrimonial. El gerente general de Capital, Eduardo Vildósola, sostuvo que “hemos actuado en forma cuidadosa y diligente, tomando decisiones que nos han permitido disminuir las pérdidas ocasionadas por este ilícito que hoy investigan los tribunales de justicia”.
La demanda
Según el contenido de la demanda, en el caso de Empresas La Polar la culpa o dolo lo constituye la negligencia para establecer contrapesos y filtros organizacionales idóneos y eficaces para que los administradores demandados no cometieran el fraude, ni PwC fuera negligente al prestar sus servicios de auditoría.
Por otro lado, la culpa o dolo de Pwc radica en haber incumplido su obligación legal de auditar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Polar y sus filiales correspondientes al período que abarca los años 2007 a 2010.Ya anteriormente AFP Provida presentó una demanda civil en contra de la auditora. En el caso de los nueve ex ejecutivos, el fundamento está compuesto por las diversas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas, a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos.
Entre ellas se cuentan entrega maliciosa de antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), mercado o público en general; declaraciones maliciosamente falsas; presentación de cuentas irregulares a los accionistas, entre otras.
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