Una semana después de su anuncio, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto que tiene como principal objetivo fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de cara a los reclamos individuales, otorgándole a la institución la facultad de sancionar.
Esto último es justamente lo que, en 2018, provocó que el Tribunal Constitucional (TC) impidiera una reforma al Sernac, ya que estimó que podría ser “juez y parte” en algunos casos.
No obstante, el documento ingresado por el Ejecutivo asegura haber tomado resguardos para la constitucionalidad del proyecto, ya que “mediante el establecimiento de un mecanismo de inhibiciones se garantiza la adecuada coordinación entre las atribuciones del Servicio”. Esto quiere decir que en un mismo caso, el Sernac no podría sancionar a una empresa y defender judicialmente a los consumidores.
Se incluyen normas diferenciadas para Mipyme, como facilidades de pago y atenuantes en multas.
Además, el Gobierno sostiene que incorporará “murallas chinas” en el gobierno corporativo del servicio. En la práctica, habrá una subdirección independiente para los procedimientos sancionatorios, separada de aquella que gestiona los reclamos.
Reducciones de multas
"En esta etapa inicial, y en las posteriores que se generen en su tramitación parlamentaria, esperamos se planteen y analicen los aportes que puedan formular los distintos actores que tengan interés en este proyecto, los que anhelamos vayan en la línea de resolver los problemas de las personas consumidoras que motivaron la presentación de esta iniciativa legal", dice Andrés Herrera, director nacional del Sernac.
Con miras a las empresas, el proyecto contiene un mecanismo de incentivos para reducir las multas. En caso de que la compañía en cuestión llegue a un acuerdo con el consumidor antes de los descargos, se reduciría un 80% de la sanción. Si esto ocurre después de los descargos, sería una disminución de un 50% de la multa.
También considera normas diferenciadas para las Mipyme: la primera multa impuesta contra una de estas empresas se rebajaría en un 70% y se les dará la posibilidad de tener facilidades de pago en cuotas o en plazos mayores.
Asimismo, el proyecto apunta a algunos mercados particulares. Por ejemplo, busca acabar con la venta atada de bienes y servicios fúnebres y extender el ámbito de aplicación de la Ley del Consumidor a los contratos de promesa de compraventa de vivienda.
Mayor dotación
Para conseguir una efectiva implementación de los cambios, se crearía una nueva subdirección de procedimiento sancionatorio en el servicio, además de reforzar la división gestión y desarrollo institucional y la subdirección de estrategia y servicios a la ciudadanía.
Ambos focos, en el detalle, implican la contratación de 78 nuevos funcionarios, los que se sumarán de forma gradual al servicio. En el detalle, el primer año el servicio sumaría 34 personas adicionales; luego a 17 más; el tercer año incorporaría a 12 nuevos funcionarios; y el cuarto cerraría con 15 más.
Con respecto al costo de la propuesta, el informe elaborado por la Dirección de Presupuesto (Dipres) expone que la implementación del proyecto de ley irrogará un mayor gasto fiscal de US$ 2,25 millones ($ 2.002.563.000) durante el primer año desde la publicación de la ley, y de US$ 3,9 millones ($ 3.550.269.000) a partir del cuarto año.
"Dado que responde a una sentida demanda ciudadana, esperamos que el proyecto logre un apoyo transversal en el Congreso y tenga un rápido avance, de modo de concluir con su pronta aprobación", dijo Herrera.
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