Ya se van a cumplir prácticamente dos años y medio desde que estallara el caso La Polar, el mayor escándalo financiero en el país, el que cambió desde el disclosure que hacen las empresas al mercado, hasta la forma en que éstas son fiscalizadas por los reguladores.
Y estamos apenas a dos semanas de que la investigación que lleva el Ministerio Público comience a decantar. Esto porque el 23 de diciembre la fiscalía realizará la presentación de cargos a los nueve ex ejectuvios formalizados, liderados por Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, dando así inicio a la etapa de juicio oral.
En el caso de los tres -ex presidente y gerentes mencionados-, además, se puede marcar un hito para el mercado, ya que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, liderada por el fiscal José Morales, presentará cargos por lavado de activos, considerando como delitos base como, por ejemplo, la entrega de información falsa al mercado.
Según la investigación, Alcalde, Moreno y Farah habrían recibido bajo este delito, más de $ 7.900 millones -entre 2006 y 2011- en beneficio de su patrimonio, por actos de ocultamiento.
El cambio que marcó la OCDE
Fue en mayo de 2010 cuando Chile ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que implicó la adecuación de los estándares del país en varias materias.
Una de ellas fue la prevención del lavado de activos y cómo se configura este delito, que se entiende como el intento de ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal.
Respecto de los delitos base, se contempla, por ejemplo, la entrega de información falsa, uso de información privilegiada y ocultamiento de información. Respecto a la normativa financiera, también están la entrega de información falsa y omitir o alterar información financiera.
De esta forma, el lavado de activos dejó de ser relacionado principalmente al narcotráfico, para también entrar al ámbito del mercado de valores.
Los otros formalizados
Respecto a los otros seis formalizados, trascendió que a pesar de que recibirán cargos por parte de la fiscalía, eventualmente no llegarían a juicio oral, ya que se evalúa la posibilidad de llevarlos a juicio abreviado.
Cabe recordar que según el estudio encargado por la fiscalía a la Universidad de Chile, para calcular la diferencia en los estados de resultados publicados por el retailer, desde 2006 hasta que estalló el escándalo a mediados de 2011, y los que realmente se deberían haber presentado ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
¿El resultado? La compañía entonces encabezada por Pablo Alcalde debería haber informado unos US$ 1.200 millones ($ 580.000 millones) menos en todo ese período acumulado.
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