Luego de que el viernes pasado el gobierno y la oposición llegaran a un acuerdo para crear la licencia médica parental por Covid-19, la Asociación de Isapres advirtió que, de implementarse, podría costar entre $ 30.000 y $ 40.000 millones al sistema.
Esto, porque a diferencia del pre y post natal (18 semanas en total) donde es el fisco quien paga al beneficiario, en el proyecto de ley Posnatal de Emergencia en el que se enmarca esta nueva licencia, son los prestadores -ya sea Isapres o Fonasa- quienes deben cubrir el costo de la extensión de tres meses de este beneficio.
El gerente general del gremio, Gonzalo Simón, señaló a Diario Financiero que “se entiende que este acuerdo corresponde a un cambio legal que estará vigente durante la emergencia y que las Isapres deberán realizar. El costo estimado dependerá finalmente del proyecto promulgado y puede alcanzar esos $ 40 mil millones, si no se extiende el estado de excepción constitucional de catástrofe”. Este último, actualmente está vigente hasta mediados de septiembre.
Los cálculos de la Asociación de Isapres se hicieron proyectando que durante este período podrían acceder 9.000 mujeres al posnatal extendido, considerando un sueldo promedio mensual de $ 1,3 millones. Esto se traduciría en pagar más de 600 mil días por la licencia parental.
Según explicaron los parlamentarios cuando se alcanzó el acuerdo, esta licencia tiene plena justificación en evitar eventuales contagios y complicaciones de los lactantes menores de un año, ya que los lugares de atención de urgencias están altamente demandados por la pandemia.
Congelamiento de primas
En paralelo, en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados se discutió ayer el proyecto de ley que refunde tres textos para suspender la modificación o alza de los planes de isapres y el congelamiento de las primas (el valor base de un plan), mientras dure el estado de excepción.
El doctor en Economía de la Salud, Ricardo Bitrán señaló que, de incluirse, en el proyecto el congelamiento de las primas de los planes de Isapre, podría llevar a que algunas de estas prestadoras quiebren. Explicó que el gasto de salud va a seguir en aumento debido a la postergación de diagnósticos y tratamientos médicos de urgencia no Covid. A esto sumó el mal desempeño financiero de gran parte de las isapres abiertas, donde la mayoría cerró el 2019 con una operación al borde del equilibrio financiero, con pérdidas del sector cercanas a $ 25 mil millones y un promedio de rentabilidad de 0,33%.
Simón indicó que una de las posibilidades -que dependerá de cómo siga el proyecto de ley- es que el sistema llegue a una situación financiera extrema y algunas compañías quiebren.
En la comisión se actualizó la cobertura de las isapres en Covid-19: las hospitalizaciones al 1 de julio alcanzan a 4.133, con un costo facturado total de $ 22.000 millones, y en licencias médicas se han financiado 81.500, equivalentes a 770 mil días con un costo de $ 35 mil millones.
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