Las disputas ligadas a la quiebra de la exisapre Masvida se reactivaron tras más de siete años desde que empezó el proceso, luego de que la Superintendencia de Salud (SIS) instruyera el traspaso de $10.503 millones a la Isapre Nueva Masvida (INMV), compañía que heredó la cartera.
La razón de esa transferencia, señaló la SIS, es que los nuevos dueños (la estadounidense Nexus) pagaron, con recursos propios, excedentes adecuados por sus predecesores.
No obstante, la decisión despertó los reparos del grupo mexicano Femsa, que a través de dos de sus empresas de la división Salud, Oncovida y Farmacias Cruz Verde, arremetió contra la decisión al ser parte de los acreedores de la fallida aseguradora de salud. La multinacional presentó dos escritos a la SIS, en los que cuestionó el proceso, pidió transparentar los antecedentes con que se tomó la decisión y alertó que la masa de activos a repartir para los acreedores -que ya era insuficiente- se seguía contrayendo.
El abogado de Femsa Salud, Cristóbal Osorio, en conversación con DF, reclama que, si bien los escritos se presentaron el 17 de julio y el 5 de agosto, a la fecha no han recibido respuesta de ninguno.
“Nos encontramos con un regulador que ha optado por encerrarse en una habitación (...) Nos vemos sorprendidos de que, cuando tocamos la puerta del regulador, para poder aportar antecedentes, para que haya una resolución donde los diversos actores puedan participar, nos damos cuenta que están total y completamente encerrados y eso nos genera muchas dudas”, critica Osorio.
Argumentos de Femsa
El abogado apunta a que, durante los siete años que ha durado el proceso, aún no se les ha cursado ningún pago de la garantía de Masvida.
“Nosotros hacemos esto porque hay una enseñanza detrás de todo este procedimiento. Esta fue la primera liquidación de garantía de una isapre, donde los prestadores tuvieron que verificar su crédito (...) y el problema es que como no se conoce el expediente, ni las decisiones ni los fundamentos, es muy difícil que los distintos tipos de actores puedan tomar un valor a la experiencia que se ha vivido”, argumenta Osorio. “Esto va mucho más allá de este procedimiento concreto, tiene que ver con la regulación de las isapres y qué ocurre cuando una de ellas cae en insolvencia”.
Ademá, niega tajantemente que estén entorpeciendo el proceso: “Femsa no tiene nada que temer, lo único que ha hecho es ejercer con convicción todas las acciones de derechos que, en rigor, entiende que le corresponden”.
Plantea que le parece legítimo que la SIS pueda tener otra interpretación legal de los hechos, pero que, del mismo modo, ellos tienen el derecho a considerarla errada, por lo que no les parece que la autoridad no resuelva sus peticiones para aportar antecedentes.
En sus escritos, las filiales de Femsa habían acusado que las decisiones de la SIS se basaron en un informe de la consultora Surlatina, que fue encargado por la propia isapre, y que no se realizaron auditorías independientes para realizar los pagos. La entidad liderada por Víctor Torres, en contraste, ha sostenido que logró acreditar directamente todos los montos involucrados en la transferencia.
Osorio hace hincapié en ese punto: “¿Por qué no nos resuelve las solicitudes de fiscalización respecto a esos montos que solicitamos? Tenemos preguntas. Quizás las respuestas se van a construir con ocasión de las respuestas que él haga, pero si no tenemos respuesta obviamente empiezan a haber dudas respecto a cuáles son los reales fundamentos de esto”.
Respuesta de la autoridad
Consultada por este medio, la SIS señaló que las presentaciones de Femsa están siendo analizadas, no sólo en su mérito, sino también en atención a lo resuelto por Tribunales Superiores en causas judiciales: “Las respuestas a dichas presentaciones se entregarán en tiempo y forma, ya que aún no transcurre plazo legal para emitirlas”.
Asimismo, afirmaron que nada impide que las empresas presenten antecedentes que puedan ser de utilidad y que no necesitan de una autorización para hacerlo.
Respecto a la transparencia en el caso, recordaron que el superintendente Torres asistió al Congreso a aclarar los detalles judiciales y administrativos del proceso. “Femsa no tiene al día de hoy, la calidad de interviniente en dicho proceso, por lo que difícilmente puede, en esta etapa, acceder a todos los detalles de él”, argumentó la autoridad.
Agregaron que la propia Nueva Masvida ha hecho presentaciones relacionadas a esta materia, por lo que “no resultaría apegado a la normativa vigente entregar información a un tercero que al día de hoy no es parte del proceso de acreditación de excedentes”, sin perjuicio de que hayan actos administrativos que “se dicten al efecto, una vez terminado el proceso, todo ello en conformidad a las normas de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública”.
Finalmente, también sostuvieron que cualquier solicitud realizada en el marco de la ley de transparencia, sobre garantías de cualquier isapres, será respondida oportunamente; y apuntaron a que tanto Oncovida como Cruz Verde han recurrido a la justicia por este tema, sin éxito hasta ahora.
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