Ya han pasado siete años desde que Masvida inició su procedimiento de reorganización concursal -que terminó en la liquidación de sus controladores y el traspaso de su cartera a la estadounidense Nexus- y aún no se terminan de resolver las deudas de la aseguradora. En las últimas semanas, volvieron a reactivarse los conflictos en torno al caso.
Mediante dos resoluciones dictadas el 24 de junio y el 1 de julio, la Superintendencia de Salud (SIS) ordenó el pago de $ 10.503 millones a la Isapre Nueva Masvida (INMV), la firma que se quedó con la cartera de la antigua Empresas Masvida. La entidad liderada por el exdiputado Víctor Torres dio por acreditado que INMV pagó, con recursos propios, excedentes adeudados a los afiliados por los antiguos dueños.
INMV “emitió una serie de antecedentes, dentro de los que destacan los inventarios aportados por la isapres, cartolas de excedentes, boletas de farmacias, copias de correos electrónicos, cartas de aviso de cobranza”, dice la resolución del 1 de julio pasado.
Mientras Femsa sostiene que no existe ningún “informe o auditoría independiente” que demuestra la pertinencia de los pagos, la Superintendencia sostiene que logró acreditar los datos directamente.
La decisión despertó las molestias de unos de los principales acreedores del proceso, el grupo mexicano Femsa, que a través de dos de sus empresas, Farmacias Cruz Verde y Oncovida, presentó sendos escritos contra la decisión.
Origen de la disputa
Durante estos siete años, el caso se ha ido librando en distintos frentes, lo que lo ha enredado aún más. En síntesis, la controversia se desata por $ 18.858 millones correspondientes a excedentes de 217.391 exafiliados de Masvida. Hay $ 9.613 millones que se estarían desembolsando directamente por la SIS a los usuarios. No obstante, hay otros $ 9.245 millones que Nueva Masvida asegura haber financiado con recursos propios, denominados como “saldos negativos de excedentes”.
Al respecto, fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago -algunos ratificados por la Corte Suprema- sentenciaron que los “únicos dueños” de estos fondos son los afiliados, por lo que no son activos de INMV y la SIS debe entregarlos a los beneficiarios. Y, si es que los nuevos dueños de la cartera pusieron a disposición esos fondos con recursos propios, “ese crédito deberá hacerlo valer en las instancias pertinentes y a través del procedimiento que corresponda”.
La SIS estimó que dicho procedimiento se trataba de uno de índole administrativa realizado ante esa entidad, que concluyó en las resoluciones antes mencionadas, despertando las reacciones del grupo Femsa.
Oncovida ya había ingresado recursos de ilegalidad, representada por el abogado Cristóbal Osorio Vargas, a la Corte de Apelaciones contra otras resoluciones que la SIS ha dictado durante el proceso, pero hasta ahora, han sido rechazados. En esos juicios, la Isapre Nueva Masvida se había hecho parte, contando, entre otros, con la asesoría legal en los alegatos del exdiputado, exconstituyente y exmilitante DC, Fuad Chahín, hoy en Abdala & Cía Abogados.
Foto: Archivo
La arremetida de Femsa
Ahora, Femsa fue directamente a la SIS. El primer escrito fue el de Cruz Verde, representada por el abogado José Valenzuela Negrete, que ingresó el 17 de julio.
En ese documento, al cual accedió DF, la firma argumentó que, al extraer fondos de la Garantía Legal, donde ya existe un déficit de $ 37.462 millones respecto a los montos adeudados a los acreedores, se está afectando directamente a los intereses de esta compañía, reduciendo “de manera relevante la masa de los activos a repartir, los cuales ya son insuficientes”.
Dicho eso, puso en duda que la SIS haya determinado de manera correcta que Nueva Masvida pagó los excedentes con recursos propios y pidió “revisar con una auditoría independiente y con todos los antecedentes que obran en poder de los interesados el origen y destino de todos y cada uno de los pagos”.
Así, denunció que hay inconsistencias reiteradas en los montos determinados por esta institución, que existe “incerteza o falta de fiabilidad” en los datos y que “se dan por supuestos saldos y montos sin previa certeza de su pertinencia”.
Señalaron que todas las decisiones de la SIS se basan en un informe de la consultora HLB Surlatina, que fue encargado por la propia isapre, y que no existe ningún “informe o auditoría independiente, amplio e integral, no muestral, de conocimiento público y con conocimiento de los acreedores de la liquidación de las garantías”.
Posteriormente, este mismo lunes 5 de agosto, Oncovida -patrocinada por Osorio-, presentó un nuevo escrito ante la SIS, solicitando que se invalide una de las resoluciones.
Posición de la autoridad
Consultada, la SIS planteó que se actuó en línea con los fallos de la Corte de Apelaciones y que realizó un procedimiento administrativo en el cual revisó y acreditó directamente que los documentos presentados por Nueva Masvida coinciden con los archivos que están en poder de las autoridades, con lo que logró acreditar que esta isapre puso en disposición de los afiliados unos $ 8.000 millones en excedentes.
La institución precisó que por ley ellos son los encargados de regular y fiscalizar a las isapres, por lo que les corresponde llevar a cabo el proceso de liquidación de las garantías.
La SIS “tiene la facultad legal para establecer un procedimiento administrativo que permita acreditar si una Isapre disponibilizó o no los excedentes a sus afiliadas/os”, dijo. Este martes, Víctor Torres irá al Congreso a explicar la situación.
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