La incertidumbre y agitación cundió ayer durante todo el día en torno a YPF, la filial argentina de la petrolera española Repsol. Desde temprano partieron las versiones de que la presidenta Cristina Fernández anunciaría en un evento con los productores de carne programado para las siete de la tarde un plan para traspasar al Estado 50,01% de la compañía, lo que le daría en la práctica el control de la administración.
Las versiones eran tan insistentes que incluso dentro del propio gobierno español hubo reacciones y advertencias de represalias. “Los gestos de hostilidad” contra las empresas españolas serán también considerados “hostilidad contra España y contra el Gobierno de España”, dijo ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria. El secretario de Estado advirtió que habrían “consecuencias”, aunque no especificó cuáles.
Las relaciones comerciales entre ambos países sumaron 3 mil millones de euros en 2011 y España es el sexto destino para los productos argentinos a nivel mundial.
No está claro si las amenazas de Madrid tuvieron efecto, pero lo concreto es que el evento concluyó sin que Fernández hiciera ninguna referencia a la nacionalización de la filial.
Pero el silencio de la mandataria no acabó con la crisis. De hecho, existe un borrador de un proyecto de ley que efectivamente contempla el traspaso al Estado trasandino de un porcentaje controlador en la compañía, aunque no estaba claro ayer si había sido ingresado al Congreso y quién lo estaba impulsando. El texto, sin membrete ni firma, declara de “utilidad pública” el 50,01% de acciones, y estipula que primero se buscará un acuerdo por el precio de venta con los actuales titulares, pero que de no haber consenso habilita al Estado argentino a iniciar el juicio de expropiación. El proyecto también dice que el Estado podrá tomar la conducción de la empresa apenas sea aprobada la ley, aunque todavía no exista un acuerdo sobre el precio.
Y al final del evento, la mandataria partió de inmediato a reemplazar al ministro de Planificación, Julio de Vido, para seguir encabezando ella una reunión con los gobernadores de las provincias petroleras para discutir el caso.
La reunión estaba planificada desde hace dos semanas y había sido convocada por los gobernadores para comunicarle a la mandataria los argumentos de las provincias para caducar una serie de concesiones a la petrolera. También pretendían informar los próximos pasos a seguir.Hasta el cierre de esta edición, las autoridades seguían reunidas.
Golpe al bolsillo
En medio de esta incertidumbre, en España ya están sacando las cuentas del costo que tendría para Repsol la pérdida de su unidad argentina. Según datos publicados en la memoria de Repsol, los activos de YPF están valorados en 14.037 millones de euros, equivalentes al 20% del total. Pero a eso hay que sumar otros 1.500 millones de euros correspondientes a créditos de socios locales, como el grupo argentino Eskenazi. Y la tendencia venía en ascenso, ya que en 2010 YPF representaba 18% de los activos. YPF aporta actualmente además 60% de la producción total del grupo español.
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