El Fisco argentino embargó hoy un avión de
Aerolíneas Argentinas por una deuda de US$39,6
millones, en medio de la situación deficitaria de la
compañía, cuya expropiación al grupo español Marsans fue habilitada
esta semana por el Parlamento argentino.
Se trata de la segunda aeronave embargada en el año por la
Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), la
mayor de Argentina, que advirtió sobre "la reticencia demostrada por
la firma a pagar los impuestos", indicó un comunicado del organismo.
La medida fue notificada a cada uno de los responsables que
pertenecen o formaron parte del directorio de la firma, a quienes
ARBA "les ofreció un plan de pagos para regularizar su situación con
el Fisco y que, sin embargo, optaron por eludir sus obligaciones
tributarias", precisó la Agencia.
El organismo trabó un embargo sobre un Boeing 737-200 propiedad
de Aerolíneas Argentinas luego de que en mayo pasado ARBA impulsara
la misma medida sobre otra aeronave por las deudas acumuladas por la
firma con el Fisco bonaerense, precisaron a Efe portavoces
oficiales.
El Parlamento de Argentina convirtió el pasado miércoles en ley
un proyecto que habilita al Estado a expropiar Aerolíneas Argentinas
y sus subsidiarias a Marsans, luego de que fracasaran las
negociaciones para una compraventa de las empresas.
La ley declara como compañías de "utilidad pública y sujetas a
expropiación" a Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos
domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y
Aerohandling (servicios de rampa).
Tras la aprobación de la ley, Marsans dijo que considera la
expropiación como una "confiscación arbitraria e ilegítima" porque
contradice un acuerdo entre el grupo y el Gobierno argentino firmado
en julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.
De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación,
que revisó la contabilidad de Aerolíneas y Austral, ambas empresas
registraban al 17 de julio pasado un patrimonio neto negativo de
US$ 733,2 millones, por lo que técnicamente están en proceso
de disolución.
Además, acumulaban pérdidas netas por US$ 234,1 millones y
una deuda cercana a los mil millones de dólares a julio pasado,
cuando el Gobierno argentino tomó el control de las compañías.
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