El bolsillo es uno solo. Sin embargo, la Nación de Argentina, las provincias y los municipios parecen lanzados en una carrera recaudatoria que genera aumentos por triplicado en la economía personal. Con las elecciones legislativas de 2013 como meta, el problema del déficit fiscal se pasa de un nivel de gobierno a otro como una posta caliente, que finalmente recae en la gente. De esta forma, transporte, electricidad, gas, ABL -Alumbrado, Barrido y Limpieza-, patentes, naftas (bencinas) e impuestos inmobiliarios son algunas de las facturas que llegarán con aumentos a partir del 1 de enero próximo para financiar el gasto público.
La combinación de la caída del nivel de actividad y una inflación creciente con la falta de acceso a financiamiento internacional generó un desequilibrio en la salud fiscal del sector público. La otrora terapéutica caja del poder central ya no derrama recursos a lo largo y ancho del país, con lo cual los gobiernos subnacionales se ven obligados a aplicar más presión tributaria para financiar la mala praxis. Al menos así lo entienden los economistas consultados por El Cronista WE para explicar las razones de las alzas generalizadas, en lo que muchos tributaristas ya bautizaron el año de los impuestos.
“Se está trasladando la corrección fiscal a los niveles más bajos de gobierno. La Nación la traslada a las provincias y éstas a los municipios. Se arma una cascada que termina en los niveles subnacionales buscando financiamiento a través de las alzas de impuestos”, sostiene el economista Juan Pablo Paladino, coordinador de estudios y análisis de la consultora Ecolatina.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) basados en cifras del Ministerio de Economía, la suma de todos los recursos que reciben las provincias desde la Nación, a octubre de este año, creció apenas al 20%, una merma con respecto al 28% que percibían en 2011.
Con una recaudación en baja por el enfriamiento de la economía, las estimaciones de los analistas consultados indican que las necesidades financieras totales de las provincias rondarán este año los 40.000 millones pesos (unos US$ 8.000 millones), es decir, un 30% más de lo que necesitaron durante la temporada anterior. “Se trata de un contexto de restricciones fiscales que arrancó en 2009 con la aparición del déficit. En un principio las provincias lograron financiarse afuera, pero a medida que se fueron agotando las fuentes, la situación termina impactando en el bolsillo del consumidor”, agrega Paladino.
La exigua dieta fiscal con la que sobreviven las provincias y los municipios ha disparado una batería de impuestos en la mayoría de las jurisdicciones. Sin las alternativas de financiamiento interno con las que cuenta el gobierno nacional -léase, los recursos del Banco Central y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses-, y desalentados por las prohibitivas tasas que asoman desde los mercados externos, el alza tributaria aparece como una de las pocas opciones para hacer caja.
“Ante la decisión del gobierno nacional de ‘vivir con lo nuestro’, no queda otra que generar mayor presión tributaria. Esto es un reflejo de cómo las políticas nacionales a nivel macro impactan en las posibilidades de las provincias”, opina Soledad Pérez Duhalde, analista financiera de Abeceb.
Además de la falta de acceso al crédito, otra de las desventajas de los distritos en comparación con la Nación es que el gasto provincial es muy intensivo en servicios y, por ende, en salarios, uno de los rubros más sensibles al ajuste. El gasto de personal provincial supone un 65% en promedio de los ingresos corrientes, mientras que a nivel nacional no supera el 15%.
Tanque vacío
En este sentido, la actual polémica por la decisión de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires de aplicar un cargo específico a las naftas es sintomática de la situación fiscal que atraviesan los 24 distritos. Asfixiados financieramente, los gobiernos opositores de José Manuel de la Sota y de Mauricio Macri recurren a un nuevo aumento de combustibles -de 15 a 40 centavos por litro en el caso cordobés y de 30 centavos por litro en el capitalino- para costear obra viales y el servicio de los metro, respectivamente.
Sin embargo, en las últimas horas, el gobierno nacional demandó ante la Corte Suprema a la provincia mediterránea por cobrar ese tributo y amenaza con hacer lo propio en caso de que el macrismo -o cualquier otra administración provincial- decida avanzar en esa dirección.
Una de las fuentes preferidas por las provincias a la hora de hacer caja es la de Ingresos Brutos: 18 de las 24 jurisdicciones han autorizado aumentos de este impuesto, que representa en promedio el 80% de la recaudación propia de cada administración local. “A pesar de tratarse de un impuesto indirecto, porque es un tributo que afrontan las empresas, el último afectado termina siendo el asalariado, porque una gran parte de esas subas se traslada a precios”, destacan desde el Iaraf.
Sin acceso a los mercados de capitales externos y sin margen para aplicar una mayor presión tributaria, todos los caminos en busca de financiamiento para exhibir una economía vigorosa de cara al 2013 electoral confluyen en el Banco Central, coinciden los especialistas. “El financiamiento va a surgir de la emisión monetaria, lo que generará más inflación y, por ende, terminaremos pagando todos”, opina Pérez Duhalde.
Con proyecciones de aumento del gasto público en torno al 30%, los expertos descuentan que el disciplinamiento fiscal por parte de la Nación se mantendrá durante 2013. “Pareciera que este año se están concentrando una serie de medidas impopulares como el aumento de tarifas en luz y gas o el ya evidente ajuste fiscal, con la intención de contar con cierto margen de maniobra de cara a las elecciones”, dice Luciano Cohan, economista jefe de la Elypsis. Y concluye: “No creo que en un año bisagra como el que viene el gobierno se muestre tibio en el uso de la caja como herramienta de disciplinamiento fiscal”.
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