El Departamento del Tesoro reveló hoy los detalles de la
iniciativa con la quiere estabilizar a la banca y que movilizará un máximo de
un trillón de dólares (un millón de millones). Las entidades que quieran ‘coinvertir’
con el Gobierno tendrán que poder captar US$ 500.000 millones por sus propios medios y
el plazo para intentar participar en el proyecto finaliza el 10 de abril.
La
Administración otorgará financimiento a bajo costo al sector
privado, con el apoyo de la
Reserva Federal. La asesora económica de la Casa Blanca, Christina
Romer, ha cuantificado el riesgo que será asumido por el Gobierno y por el
sector privado. Éste último aportará el 8% de los fondos del programa. Así lo
ha asegurado Romer en una entrevista con la cadena de televisión ABC.
La agencia Reuters informó que el Tesoro estadounidense
comprometió entre US$ 75.000 millones y US$ 100.000 millones de su fondo de
rescate financiero para lanzar este nuevo programa que removerá los activos
tóxicos que afectan las hojas de balance de los bancos.
La intención de la Administración de Barack Obama es que la
adquisición de activos tóxicos (deuda respaldada por hipotecas y préstamos)
sean adquiridos por fondos de inversión público-privados, que serán
administrados por gestores privados. Éstos se encargarán de fijar los precios
de fijación de los activos, a través de un sistema de subastas.
El Tesoro espera captar el interés de inversionistas
individuales, planes de pensiones y aseguradoras, principalmente, con vocación
de invertir a largo plazo.
El plan utilizará programas públicos ya existentes y otros
de nueva creación, como la constitución de una entidad dependiente del Fondo de
Garantía de Depósito, que se encargará de subsidiar la adquisición de los
préstamos. La iniciativa ha sido bautizada como Programa Público Privado para
la compra de activos tóxicos.
La
Administración defiende que, para fomentar la participación
del sector privado, los bancos que participen no podrán tener límites muy
estrictos a la retribución de sus altos ejecutivos, como lo establecidas por el
Congreso para la aseguradora AIG, cuyos bonos estarán gravados en un 90% si el
texto legal aprobado por la cámara baja es ratificado por el Senado.
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