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REGÍSTRATE AQUÍEl gobierno británico confirmó que la restricción se aplicaría desde marzo de 2019, cuando el Reino Unido deje el bloque.
Por: Robert Wright
Publicado: Martes 1 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.
Downing Street insistió ayer que se mantenía comprometido con la dura posición negociadora de la primera ministra británica Theresa May en el Brexit, establecida en enero -lo que incluye terminar con el libre movimiento de ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido- días después de declaraciones contradictorias de los ministros.
Su vocero dijo que el libre movimiento de ciudadanos de la UE hacia y desde el Reino Unido terminaría en marzo de 2019, cuando el Reino unido deje el bloque.
“Se avanzarán elementos del sistema de inmigración post Brexit en su debido tiempo”, agregó el vocero. “Sería incorrecto especular sobre cómo será o sugerir que el libre movimiento va a continuar”, señaló.
La semana pasada Amber Rudd, secretaria del Interior, indicó que probablemente habría un régimen migratorio post Brexit relativamente liberal.
Pero Liam Fox, el secretario de Comercio Internacional, afirmó a The Sunday Times el fin de semana que el “movimiento libre sin regulación” de personas entre el Reino Unido y la UE después del Brexit no cumpliría con la decisión del electorado en el referendo del año pasado.
De acuerdo con su última entrega de resultados, a julio de este año los ingresos de la firma disminuyeron cerca de un 29%, mientras que sus pérdidas se profundizaron a los $ 13.175 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.