El presidente electo de EE.UU., Barack
Obama, afirmó hoy que el país no puede permitirse la quiebra de las
principales empresas automovilísticas.
En una rueda de prensa en Chicago para anunciar la designación de
Tom Daschle como su secretario de Salud Pública, Obama dijo que el
conjunto de medidas que se debate en el Congreso para rescatar a
General Motors, Chrysler y Ford es necesario, pero al mismo tiempo
se debe garantizar "los intereses de los contribuyentes".
El mandatario electo explicó en su octava rueda de prensa tras su
triunfo en las elecciones del pasado 4 de noviembre que si las
autoridades no actuaran y las tres grandes automovilísticas
quebraran, ello tendría "un efecto dominó destructor" en el resto de
la economía.
El plan de rescate para los "tres de Detroit" cuenta con la
oposición de buena parte del público estadounidense, en especial por
venir después del paquete aprobado para el sistema financiero, al
que se han destinado US$ 700.000 millones.
El público estadounidense también critica lo que se percibe como
errores en la gestión de estas firmas, poco competitivas frente a
sus rivales asiáticos.
Obama aseguró que entiende "el enfado y la frustración" acerca de
la situación actual, pero insistió en la necesidad de una asistencia
pública a corto plazo a esas empresas que también tenga en cuenta
los intereses de los contribuyentes.
El que será el primer presidente negro de EE.UU. aseguró que el
plan que se debate en el Congreso, por valor de US$ 14.000 millones, representa un "paso adelante".
Aunque el plan se encuentra ahora pendiente de la votación en el
Senado, el futuro mandatario expresó su optimismo de que pueda verse
aprobado esta misma semana.
El proyecto de ley ya fue aprobado la noche del miércoles en la
Cámara de Representantes por 237 votos a favor y 170 en contra.
El monto aprobado para General Motors, Ford y Chrysler es
inferior a los US$ 34.000 millones que solicitaron la semana
pasada, pero, según los partidarios del plan, es suficiente para
mantenerlas a flote hasta marzo de 2009.
La legislación aprobada por la Cámara de Representantes obliga a
las empresas a limitar los salarios y compensaciones de ejecutivos,
y los dividendos de accionistas, y a elaborar un plan detallado,
para el 31 de marzo de 2009, sobre la viabilidad a largo plazo.
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