Las autoridades peruanas están decididas a garantizar el suministro de energía necesario para alcanzar la meta del desarrollo. A comienzos de mayo el gobierno lanzó un plan para construir 20 centrales hidroeléctricas con un potencial equivalente a más de cuatro veces el proyecto de HidroAysén, en Chile.
Ahora, para asegurar el interés de los privados por seguir invirtiendo en el sector, el Ejecutivo peruano envió al Congreso de su país un proyecto que extenderá por una década los beneficios tributarios para las empresas que construyan centrales hidroeléctricas. La iniciativa prolonga hasta el 31 de diciembre de 2020 el beneficio de depreciación acelerada, informó la agencia oficial Andina.
Las autoridades justificaron su decisión argumentando que la demanda en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) creció 6,1% el año pasado y se espera que el ritmo de expansión se mantenga estable durante los próximos años. Los análisis más conservadores incluso estiman que la demanda eléctrica llegaría a 7.432 MegaWatts hora para 2017, desde los 4.588 MW registrados en 2010.
“Por lo expuesto, resulta necesario prorrogar por única vez el beneficio concedido por el decreto legislativo N° 1058 por seis años adicionales contados a partir de la culminación de su vigencia, con el objeto de garantizar que se mantenga el interés de los inversionistas en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a base de recursos hídricos u otros recursos renovables”, señala el texto del proyecto enviado al Congreso.
Impacto económico
El documento destaca que los costos para el Fisco, por la pérdida de recaudación tributaria, serían compensados con creces por los beneficios para toda la población y la economía en general a través de la baja en las tarifas eléctricas.
El costo marginal de la energía en Perú, es decir, el costo de generar un MegaWatt hora, asciende a casi US$ 120 en el caso del mercado residencial. Este es uno de los más bajos en la región, y se compara con los más de US$ 212 por MW hora en el caso de Chile. Este índice no sólo influye sobre las tarifas finales a público, sino que también es un factor determinante para la competitividad de las empresas y de la economía en general. También es un elemento importante para atraer inversión extranjera, pues asegura mayores márgenes de rentabilidad para los proyectos.
El presidente Alan García firmó recientemente un decreto que declaró como de interés nacional el desarrollo del Proyecto Marañón, que incluye la construcción de una veintena de centrales en ese río.
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