Que dos competidores hablen no es malo, pero que lo hagan para repartirse el mercado o fijar precios entra en el terreno de la deslealtad hacia sus clientes. Esto no es una novedad en España, pero sí lo será el disclosure, un mecanismo que obliga a las compañías que vulneran las normas de competencia a entregar documentación interna para que los perjudicados puedan formalizar sus reclamaciones.
Esta fórmula, inspirada en el sistema legal de Reino Unido, está incluida en la directiva 2014/104/UE, cuya transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales se tendrá que hacer antes del 27 de diciembre de 2016. Aunque aún se está estudiando hasta dónde llegará la obligación de entregar material interno, Paul Hitchings, socio del área de contencioso de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, tiene claro que el límite lo marcará la confidencialidad y, en ningún caso, se podrá acceder a ciertos documentos, como las solicitudes de clemencia o las comunicaciones con las autoridades de competencia.
Tarifas de precios o los costos de la materia prima sí que serán accesibles para los perjudicados, aunque ante material más sensible, como pueden ser los e-mails internos, será el juez el que determine si se puede superar esa barrera de confidencialidad y quién puede hacerlo.
Objetivos
La directiva, que ha tardado unos quince años en ver la luz, pretende armonizar y agilizar todo el proceso de reclamaciones ante el aumento de las sentencias de los tribunales y de las investigaciones de los reguladores públicos.
No es el único objetivo de la Unión Europea. También pretende desarrollar un marco común ante la disparidad de las normas de cada Estado miembro. Así, se evitaría en las cada vez más comunes demandas en las que el cartel esté formado por empresas de diferentes nacionalidades que el resultado varíe según el país en el que se presente la demanda. Hasta ahora, los abogados estudiaban en qué lugares les interesaba más llevar a cabo el proceso según los plazos de prescripción, la cuantificación de los daños, la responsabilidad penal de los administradores o la exigencia de transparencia de cada una de las partes.
El disclosure busca así dar un paso más al principio pass on, a través del que cualquier agente afectado por una infracción antitrust, ya sea un comprador directo o indirecto, pueda reclamar por el daño sufrido. "Para que la norma sea efectiva tiene que haber un buen mecanismo de reclamación de daños", insiste Hitchings.
Problemas con el azúcar
Más de 1 millón de euros es lo que tuvo que pagar la cooperativa agrícola Acor en 2012 por participar en un acuerdo horizontal que elevó el precio del azúcar para uso industrial durante dos años. Fue la primera vez que el Tribunal Supremo fijó una indemnización que superaba 1 millón de euros, dando así la razón a nueve empresas del sector, encabezadas por Nestlé.
demanda internacional
El hecho de que la legislación inglesa ya tenga desarrollado el derecho de acceso a las pruebas animó a varias compañías ferroviarias a elegir Londres para reclamar contra un cartel internacional formado por una empresa inglesa, otra francesa y dos alemanas. Durante doce años fijaron el precio de un componente ferroviario. El metro de Madrid fue uno de los afectados.
ventas limitadas
Deutsche Bahn está en el punto de mira del regulador alemán ante las denuncias de algunos competidores que alegan que no les permitía vender sus tickets en las estaciones. No es la primera vez que se ve en problemas, ya que en julio la Comisión Europea lo multó con 31,8 millones de euros por operar como un cartel con Austrian Fed. Railways entre 2004 y 2012.
Sobres amañados
Durante 33 años, un grupo de empresas se repartió el negocio de los sobres preimpresos que se utilizan en las elecciones que se celebran en España. Desde 1977, habían acordado los precios y el reparto de los diferentes procesos electorales, lo que la extinta Comisión Nacional de la Competencia sancionó con una multa de 44 millones de euros.
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