El empresariado argentino no está del todo contento con la gestión del presidente Mauricio Macri. A inicios de año, el gobierno tuvo una disputa con la principal empresa de alimentación por la llamada "guerra del tomate", tras lo cual vinieron roces con los laboratorios, al plantear una durísima negociación para bajar los precios de los remedios que compra con carácter monopólico el Estado.
Pero trascendidos apuntan a que se está por abrir una nueva batalla: esta vez, con la industria de la alimentación. La disputa amenaza con ser peor que la abierta en la reforma impositiva.
En este caso, la tensión girará en torno a regulaciones sanitarias extremas y al parecer algo fundamentalistas que planifica el Ministerio de Salud en cuanto al nuevo etiquetado de alimentos: renovadas penalidades por contenidos de azúcar, sales y grasas, límites a publicidad y distribución de productos que engordan, entre otras obligaciones.
En el sector, argumentan que no se puede estar peor. Consideran que el de Mauricio Macri es un gobierno de "foodies", gente preocupada al extremo por el físico y la comida sana. Se preocupan cada vez que se promociona la buena iniciativa de la esposa del Presidente, Juliana Awada, de cultivar en Olivos una huerta orgánica.
Un dato revelador: en dos años y medio de gestión, Mauricio Macri nunca ha recibido a la cúpula de la Copal, la central que agrupa a la industria alimenticia del país, curiosamente la más competitiva y a la que siempre se le piden inversiones en los discursos para que siga trabajando como lo vienen haciendo hace años a pesar de los malos gobiernos, en orden a convertirse en el gran supermercado de alimentos del mundo. A esos, como Arcor, Molinos, y tantas otras industriales modelo, Macri ni los recibe.
El flanco se abre en momentos en que las encuestas revelan que mostrándose áspero con los empresarios su imagen se fortalece. Ello coincide con una nueva estrategia política que abraza una agenda de centro izquierda para recuperar voluntades perdidas en las encuestas durante el verano.
Pero el gobierno no ha logrado resolver el dilema de la rentabilidad para los inversionistas. No se pudieron bajar significativamente los impuestos, tampoco se logró un alivio en los costos laborales no salariales. La devaluación que se alentó a fin de año con la asonada de la jefatura de Gabinete al Banco Central duró menos de dos meses. Todos los costos ya aumentaron en pesos para los exportadores que se aliviaron 45 días con el dólar a 19 en lugar de 17.
Con inflación que no cede según las proyecciones de marzo y abril, seguirá muy latente la disputa entre el Gobierno y los hombres de negocios por los precios, las inversiones y los efectos de las malas noticias económicas en el humor social.
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