El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el jueves que, a partir del 10 de junio, su país impondrá aranceles de 5% a todos los bienes originarios de México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur estadounidense.
Los aranceles se incrementarán a 10% a partir del 1 de julio, a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% del 1 de octubre hacia adelante, si no se cumple esa misma condición.
En reacción, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el lema "Estados Unidos primero" es una falacia y, si bien no es un "cobarde ni timorato", no cree en la ley del talión, por lo que buscará una solución negociada. También replicó que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni medidas coercitivas.
Trump anunció esta medida justo el día en que comenzó el proceso legislativo para ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Usmca), que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), el cual entró en vigor desde 1994 y eliminó prácticamente todos los aranceles en la región.
La migración es un tema que el presidente Trump ha mantenido en su agenda política, un asunto derivado de su promesa de campaña presidencial de construir un muro a lo largo de la frontera con México y que no ha podido cumplir.
Durante décadas, argumentó Trump, Estados Unidos ha sufrido las "consecuencias graves y peligrosas" de la inmigración ilegal. "Lamentablemente, México ha permitido que esta situación se prolongue durante muchos años, empeorando sólo con el paso del tiempo. Desde un punto de vista de seguridad, seguridad nacional, militar, económico y humanitario, no podemos permitir que este grave desastre continúe", dijo.
Para abordar la emergencia en la frontera sur, Trump invocó a las autoridades que le otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la cual es un recurso distinto al que ha usado hasta ahora para elevar los aranceles en su administración y que le otorga una amplia autoridad para regular una variedad de transacciones económicas.
"La cooperación pasiva de México para permitir esta incursión masiva constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. México tiene leyes de inmigración muy fuertes y podría detener fácilmente el flujo ilegal de migrantes, incluso devolviéndolos a sus países de origen", dijo.
Además, refutó, México podría detener rápida y fácilmente a los extranjeros ilegales a través de su frontera sur con Guatemala.
"Si México no actúa, los aranceles se mantendrán en un nivel alto y las empresas ubicadas en México pueden comenzar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes. Las compañías que se trasladen a Estados Unidos no pagarán las tarifas ni se verán afectadas de ninguna manera", alentó.
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