La presidenta Dilma Rousseff ganó con el último acuerdo una "ventana" de 40 a 60 días para viabilizar su gobierno. En ese plazo tendrá que conseguir la aprobación en el Congreso de al menos cinco medidas de las 43 listadas en la agenda negociada entre el Ministerio de Hacienda y el Senado.
Estas son: las reformas al ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) y al PIS (Programa de Integración Social), la desvinculación de una parte de los ingresos presupuestarios, el impuesto a la nómina de las empresas y la flexibilización del mercado del trabajo. Si es posible, deberá además intentar establecer la edad mínima para jubilar en 65 años.
Con ese paquete de difícil aprobación, Dilma tendría alguna posibilidad de recuperar la confianza del sector privado, insumo crucial para que 2016 no sea un año de recesión como lo ha sido 2015.
Las señales emitidas por la presidenta en el primer día después de las protestas del domingo en todo el país no fueron para nada reconfortantes, según la evaluación de los políticos comprometidos con el éxito del acuerdo.
Rousseff designó para un cupo importante en el Tribunal Superior de Justicia (STJ) al juez Marcelo Navarro, segundo nombre en la lista de la terna presentada por el tribunal. La elección agradó a Renan Calheiros, presidente del Senado, pero fue percibida por los aliados como una decisión prematura, que se adelanta por mucho a la votación de los proyectos suscitados por el acuerdo. Le corresponderá a Navarro la relatoria de los recursos de la Operación "Autolavado", siendo responsable, por lo tanto, de revisar las decisiones del juez Sergio Moro.
Todo debe ser realizado con mucha cautela para que no quede la impresión de que el horno está siendo preparado para cocinar una "gran pizza", dijo uno de los políticos partidarios de que Rousseff cumpla integralmente su mandato.
En sus propias manos
En el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), los votos ya estarían desplazándose hacia la aprobación de las cuentas de 2014 de la presidenta, después de que los ministros fueran convencidos de que el Senado no acataría una decisión de rechazarlas. El Tribunal Superior Electoral, que está analizando las solicitudes para impugnar la campaña electoral de Rousseff y del vicepresidente Michel Temer, sería la última opción que le va a quedando a los partidarios de una salida de la presidenta.
El futuro del gobierno, por eso, está ahora en las manos de la propia Rousseff.
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