Con gran dificultad el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff obtuvo una victoria en el Senado que aprobó, por 39 votos a favor y 32 en contra, la Medida Provisoria (MP) 665, que altera las reglas de acceso al seguro de desempleo.
Esta fue la primera de las medidas que componen el paquete de ajuste fiscal en ser aprobada por la cámara alta. Ayer los senadores proseguirían el debate con la MP 664, que modifica la entrega de beneficios de seguridad social.
Las iniciativas, que ya están operando por decreto, perderán sin embargo vigencia si no son ratificadas por el Congreso antes del lunes.
Un aliado en constante conflicto con el Palacio de Planalto, el PMDB fue más fiel al gobierno que el propio PT de Rousseff, dando trece votos favorables y dos votos en contra. En el PT, en cambio, diez senadores votaron a favor y tres en contra.
Las dificultades del gobierno para conseguir la mayoría casi hicieron que perdiera las medidas al inicio de la sesión.
Según el texto aprobado finalmente, para que el seguro de desempleo sea concedido la primera vez el trabajador deberá haber estado empleado durante doce meses consecutivos en los 18 meses previos a su despido. Para la segunda vez, se exigirán nueve meses de trabajo en los doce meses anteriores. Para las siguientes solicitudes, sólo serán necesarios seis meses continuados de trabajo.
Pedaleadas fiscales
Pese a esta victoria, la presidenta afronta otros desafíos. Los partidos de oposición PSDB, DEM, PPS y Solidariedade (SD) oficializaron el martes una acción por crimen común contra Rousseff ante la Procuraduría General de la República (PGR), por las maniobras fiscales realizadas por el Tesoro, denominadas como "pedaleadas fiscales".
En la acción, dirigida por el jurista Miguel Reale Junior, los partidos de oposición alegan que la presidenta cometió "crímenes contra las finanzas públicas y de falsificación ideológica" entre 2013 y 2015, y afirman que Rousseff "es consciente de las prácticas ilícitas" ya constatadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión, que trajeron las "graves consecuencias de inflación y estancamiento".
En la presentación Reale Junior dijo que "durante todo el mandato la presidenta se mostró como una gran conductora de la economía y artífice de programas sociales como Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida, entre otros. Pero esos programas fueron implementados gracias a los recursos de instituciones financieras estatales por medio de operaciones de crédito prohibidas por ley".
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