La negociación con los holdouts y los otros acreedores que reclaman trato igualitario será parte de la agenda del nuevo gobierno de Argentina. Suponiendo que la nueva administración quiera reanudar inmediatamente las negociaciones, el interrogante es cuán duros seguirán siendo los acreedores al evaluar las ofertas argentinas, que se espera que incluyan principalmente bonos a largo plazo, poco o nada de cash y quizá una emisión de un bono en dólares para obtener divisas.
Sin antecedentes de países que hayan renegociado tras una sentencia firme favorable a los holdouts, el nuevo gobierno sólo podrá inspirarse en la experiencia de Perú, en 1995, que pagó tras un embargo, y en la de Mendoza, en 2004, que revirtió sentencias en primera instancia.
A un año del fallo del juez Thomas Griesa que impide que el país pague los bonos reestructurados de 2005 y 2010 hasta que se llegue a un acuerdo con los holdouts y, desde las últimas semanas, con los me too (los acreedores que se sumaron después a los reclamos), el estatus jurídico del país sigue igual, lo cual restringe el acceso a financiamiento externo a tasas razonables. Si bien a fines de 2014 se esperaba que el 1 de enero, tras expirar la cláusula RUFO -que impedía al país ofrecer mejores condiciones de canje a las de 2005 y 2010- recomenzaran las negociaciones, eso no sucedió.
Hace tres semanas, Griesa dispuso que Argentina debe pagar US$ 5.400 millones a más de 500 acreedores que se sumaron a la demanda de los fondos NML y Aurelius contra el país por su deuda impaga. Estos acreedores reclaman trato igualitario antes de poder pagar la deuda reestructurada. Estos US$ 5.400 millones se suman a los US$ 1.330 millones más intereses de la demanda inicial.
Techo y piso
En la discusión con los fondos buitres hay dos dimensiones cruciales: cuánto y cómo. Respecto de la primera, es decir, el monto total de la deuda que surge del cumplimiento de la sentencia, Maximiliano Castillo Carrillo, director de Análisis de Coyuntura Macroeconómica (ACM), sostiene que “se debe y se puede negociar una quita”.
“El gobierno maneja una cifra de US$ 20.000 millones, que seguramente suma intereses punitivos”, evalúa Jorge Todesca, presidente de Finsoport, para quien “éste es un techo de aspiraciones de los acreedores: capital al 100%, más intereses, más punitivos” y será “la posición de arranque de los fondos buitre”.
“La cuestión es identificar el piso del lado argentino y a partir de allí negociar sobre la base de que ingrese el 100% de los bonistas o de que un número menor que no entre no tenga la posibilidad de que su eventual reclamo sea recibido en la Justicia”.
“El piso para los acreedores seguramente será el valor de compra, más los gastos de litigio y una tasa de interés por el tiempo transcurrido. En ese entorno conceptual podría ubicarse la propuesta argentina”, opina.
“La forma de pago no podría ser otra que a través de bonos, dado el nivel de reservas internacionales de Argentina”, evalúa Todesca, para quien sólo simbólicamente podría efectuarse algún pequeño pago en efectivo.
Mendoza y Perú
Si bien los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, de Harvard, contabilizaron desde 1800 hasta la década de 2000 unos 250 defaults declarados por estados -un promedio de más de uno por año, con sus consecuentes reestructuraciones- el caso local es excepcional porque los holdouts ya tienen un fallo firme favorable.
No obstante, en Argentina está el antecedente de Mendoza. “En 2004, con el entonces gobernador de Mendoza, Julio Cobos, diseñamos una estrategia legal anti buitres en el canje de esa provincia”, describe el abogado Marcelo Etchebarne. “Si bien los holdouts lograron el dictado de cautelares en Nueva York, impidiendo la consumación del canje, revertimos las medidas en primera instancia y en seis meses ganamos todos los juicios, sentando el primer precedente a nivel mundial en contra de acciones del tipo pari passu”, continúa. En el caso de Argentina “hay que evitar que el problema pase de US$ 8.000 millones a US$ 25.000 millones”.
“Nunca hubo ejemplos exitosos para los países afectados, pero sí para los buitres”, explica Alejandro Banzas, economista jefe de Reporte Económico. Cuando Perú en 1995 se disponía a cumplir con el Plan Brady, el fondo Elliot, que ahora persigue a Argentina, se hizo de unos US$ 20 millones en papeles de la deuda soberana peruana pagando US$ 11 millones. Al año siguiente, cuando Perú se disponía a pagar a los acreedores que habían entrado en la reestructuración, un fallo de segunda instancia en Nueva York se pronunció a favor de los fondos buitre, y Perú optó por pagarlo ante el embargo de las divisas giradas. “Cualquier similitud con la realidad argentina no es mera coincidencia”, advierte.
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