El Parlamento de Argentina convirtió
hoy en ley un proyecto que habilita al Estado a expropiar Aerolíneas
Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans, luego de que
fracasaran las negociaciones para una compraventa de las empresas.
La iniciativa fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 21
en contra, tras un debate de casi cinco horas en el que el
oficialismo hizo pesar su mayoría y al cabo del cual los siete
sindicatos que agrupan a los 9.600 empleados de la línea aérea de
bandera festejaron el fin de siete años de gestión de Marsans.
El proyecto convertido en ley, que ya había recibido el visto
bueno de la Cámara de Diputados hace dos semanas, declara como
empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas
y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de
turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
En el debate de hoy, las principales fuerzas de la oposición se
manifestaron a favor de la "recuperación" de la empresa, pero no de
que la compañía sea expropiada en su conjunto.
El senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical
(UCR), dijo que la expropiación es "la salida más cara" para
Argentina pues, en vez de solicitarse la quiebra de la compañía, el país "se hace cargo de un muerto" ya que "pagará todo
el pasivo" de la empresa "así salga cero pesos el paquete
accionarial".
"Estamos nacionalizando la deuda privada de Marsans. Queremos
salvar a Aerolíneas, pero no el dinero de los privados", coincidió
la senadora Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, quien
denunció que asumir una deuda de casi US$1.000 millones representará un "fraude para el patrimonio nacional".
El oficialismo, en tanto, defendió la expropiación al alegar que
dejar quebrar la aerolínea hubiera supuesto dejar al país sin
servicio aéreo y a miles de trabajadores en la calle.
Recordó, además, que por la ley aprobada hoy el Estado solo se
hará cargo de las "deudas legítimas", que deberán ser identificadas
y diferenciadas de las "ilegítimas" generadas por operaciones
dolosas o mala gestión de Marsans.
El titular del Personal Técnico Aeronáutico, Ricardo Cirielli,
celebró el "fin de 18 años de saqueo" de Aerolíneas "a través del
capital español estatal y privado", pero señaló que es "necesario
que se investigue judicialmente la administración fraudulenta
realizada por los dueños de Marsans".
La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977,
establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de
"utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que
"solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean
una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización de
acuerdo a lo que establezca el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración
negativa de US$832 millones, por lo que el Estado debería
pagar un "valor simbólico" de $1.
Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la
compañía vale entre US$330 y US$546 millones, según determinó
el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia
respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse
mediante un juicio sumario.
Una comisión parlamentaria recomendó hace un mes debatir esta ley
de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa
al Estado argentino por un "valor simbólico".
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado
un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de
la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias
en las tasaciones de ambas partes.
El grupo español ha advertido que demandará al Estado argentino
ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones
(CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
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