El escenario para la permanencia de Chile en la Visa Waiver empezó a nublarse en mayo pasado, cuando el fiscal del distrito de Orange County en California, Todd Spitzer, publicó una declaración acusando el desuso del programa. Advertía que se habían contabilizado 14 chilenos en libertad condicional y otros siete por haber cometido delitos de robos y allanamientos en el estado de California. Además, advirtió que los fiscales no contaban con los antecedentes penales de los acusados y “se han visto limitados en gran medida al tratar de probar por qué estos acusados representan un mayor riesgo para la seguridad pública más allá de un solo cargo de robo”.
Según afirmó, “los acusados de Chile han planteado un desafío excepcionalmente frustrante, porque el gobierno chileno se ha negado a proporcionarnos los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que utilizan el Programa ESTA VISA para ingresar a los Estados Unidos”.
Gobierno sale al paso de reparos por Visa Waiver y destaca avance para intercambio de información penal
Intercambio de misivas
Un par de semanas después, en respuesta a sus inquietudes, el embajador Valdés escribió al fiscal el 14 de junio explicando que se estaría finalizando el texto de un nuevo acuerdo que aumentará la automatización y el intercambio instantáneo de información policial, que impediría “eficazmente que personas con antecedentes penales viajen entre nuestros países”
Sin embargo, dos días después, el 16 de junio el congresista Lou Correa y Mike Levin -ambos demócratas por el estado de California- enviaron una carta al embajador con las mismas preocupaciones sobre la Visa Waiver y “el turismo de robo”.
En la carta, le pidieron que se proporcionen “de inmediato” los pasos que tomará Chile para cumplir con los requisitos y acuerdos de intercambio de información. Valoraron los lazos culturales y económicos bilaterales, pero dijeron que deben garantizar la seguridad de sus comunidades.
No obstante, el mismo día, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy (Republicano), declaró que bloquearía el financiamiento del programa si es que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no suspendía la participación de Chile.
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