El procedimiento que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para definir las tasas de intercambio avanza. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a Banco de Chile entregar los informes que encargó a expertos junto a sus representantes legales, el estudio Claro & Cía, respecto a la tarificación del sistema de medios de pago.
El primer documento corresponde a un reporte hecho por la consultora británica Oxera, que sostiene que “que todavía existen diferencias significativas con los países que se consideraron para la comparación, como una mayor proporción de población bancarizada, un mayor uso de tarjetas y medios de pago alternativos más diversos, especialmente para operaciones online, tal como se observa en la Unión Europea y Australia”.
De cara a la propuesta hecha por la FNE para regular las tasas de intercambio, la consultora opinó que “es probable que se produzcan consecuencias no deseadas. En particular, puede haber un riesgo para el mercado de la emisión”.
Otro informe
El segundo informe fue elaborado por el exministro de Transportes y Telecomunicaciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Gómez-Lobo y el socio de Global Economistas Asociados, Ronaldo Bruna.
En este documento concluyeron que “existe bastante evidencia de que la regulación de las tasas de intercambio, particularmente la reducción de éstas, implica un aumento en las comisiones de las cuentas corrientes asociadas, o de las comisiones anuales o comisiones por uso de las tarjetas de crédito y débito afectadas”.
Apuntaron que “en un mercado menos maduro, como el chileno, una reducción en las tasas de intercambio y la consecuente alza en las comisiones de cuentas y tarjetas, pueden tener un impacto negativo en el desarrollo y el aprovechamiento de las externalidades aun presentes en ambos lados del mercado”.
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