La comisión de Hacienda del Senado comenzó por estos días la tramitación de la Ley FinTech luego de ser despachada por la Cámara de Diputados. En el marco de su discusión, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) expusieron los desafíos y retos de la puesta en marcha del marco que regulará a las empresas tecnológicas financieras.
El consejero del ente rector, Pablo García, expuso que los "desarrollos FinTech suponen beneficios para la población, pero no están exentos de costos, y es necesario conciliar distintos objetivos de política".
García mencionó que "la incorporación de la industria FinTech al perímetro regulatorio es ineludible" y recordó que "Chile lleva años de retraso en relación a otras jurisdicciones en la regulación de estas entidades".
México fue el país que se convirtió en pionero en regulación FinTech, mientras que Perú, Colombia, Brasil y Argentina han avanzado en diferentes frentes para crear marcos regulatorios.
García dijo que actualmente existen FinTech que prestan servicios de manera desregulada lo que supone "riesgos para los usuarios y, también, inhibe el desarrollo de una industria que tiene el potencial de mejorar las condiciones en las cuales las personas acceden a servicios financieros".
En cuanto a los desafíos, indicó que se trata de una iniciativa que "es ambiciosa e introducirá múltiples responsabilidades a la CMF, por lo que es importante que cuente con recursos adecuados para enfrentar este desafío".
De acuerdo al informe financiero de la Ley FinTech, se contempla una inversión pública a la CMF de $ 1.200 millones durante su primer año y en régimen será un poco más de $ 1.044 millones.
El plan incluye la incorporación de 17 funcionarios que cumplirán con labores de acreditación, inspecciones en terreno, las condiciones para evaluar solicitudes de autorización de inicio de actividades y también, para el sistema de finanzas abiertas, fiscalización, entre otras tareas.
Visión de la CMF
La comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, destacó que el proyecto "establece un marco normativo flexible y neutral, permitiendo adecuar la carga regulatoria de manera proporcional a los riesgos del servicio, actividad o agente".
Cabe recordar que previamente la CMF había desarrollado un white paper sobre cómo regular a las FinTech e incluso entregó una propuesta de reforma legal a Teatinos 120.
Piedrabuena aseguró que el proyecto logra un balance razonable entre la protección de los clientes financieros y el desarrollo del mercado, ya que se incorporarán a nuevos actores al perímetro de supervisión de la CMF, por lo que se incrementarán los resguardos para usuarios, inversionistas y deudores.
Resaltó que "es esperable que contribuya al desarrollo de la industria FinTech, al establecer un marco flexible, proporcional y tecnológicamente neutral, permitiendo a la Comisión adecuar las exigencias en los términos establecidos por el proyecto de ley".
Entre los efectos esperados por la CMF, está aumentar la competencia en el sector financiero mediante las finanzas abiertas, lo que permitirá una mayor "movilidad" de personas y empresas. Además, se equilibrará la carga regulatoria, dando simetría respecto de otros actores y proporcionalidad.
Piedrabuena insistió de que se trata de un proyecto urgente "dada la necesidad de reactivar la economía y los riesgos que puedan surgir de actores Fintech poco prudentes que afecten a personas y PYME".
Los cambios internos
La comisionada comentó que la Ley FinTech es "un desafío muy relevante para la Comisión" y detalló que la entidad ha estado analizando los cambios internos que se requerirían de aprobarse el proyecto.
Entre las cosas que se desarrollarán está una arquitectura de datos, implementación de hubs de innovación internos y capacitaciones. Agregó que esto implicará una preparación para facilitar el registro expedito de nuevas entidades y otorgar las autorizaciones respectivas.
Por ello, señaló que "se requiere de recursos suficientes y plazos adecuados para las nuevas regulaciones y supervisar el mayor perímetro".
Proyectó que aproximadamente habrá más de 100 entidades financieras se incorporarían al perímetro de la Comisión. Para la CMF se abrirá un nuevo paradigma de supervisión y regulación, ya que no sólo serán servicios prestados por personas, sino que también algoritmos.
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