La pugna judicial entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Julio Ponce Lerou en torno a su rol en el Caso Cascada continúa. El 19 de enero el empresario pagó casi US$ 3 millones ante la Tesorería General de la República luego que la Corte Suprema ratificara su culpabilidad en el esquema de operaciones hechas por las sociedades cascadas de SQM, cometiendo infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.
Sin embargo, el conflicto actualmente se concentra en los intereses de la multa que debe pagar Ponce Lerou.
El CDE ingresó un escrito el viernes 22 de enero al 18º Juzgado Civil de Santiago en el que precisó a la Jueza, Claudia Donoso, que Ponce Lerou "sólo habría pagado el capital de la multa cursada, y no toda la multa, ya que en ningún caso habría pagado los intereses" de ésta.
El documento firmado por la abogada procuradora fiscal de Santiago del CDE, Ruth Israel, agregó que "estos intereses debiesen ser liquidados y eventualmente cobrados por la Tesorería", puesto que la legislación establece que "las multas que apliquen los servicios públicos deben ser cobradas por el servicio de Tesorería".
Recordó que lo anterior es previo cumplimiento a la labor del fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), puesto que debe "verificar el cumplimiento de las resoluciones, en el marco de los procedimientos sancionatorios sometidos a su conocimiento".
La defensa del controlador de SQM liderada por el abogado, Jorge Bofill, ingresó un escrito para que la magistrada Donoso tenga presente que la abogada del CDE "no leyó" la presentación del pago de la multa "o está litigando de mala fe, intentando generar continuas notas de prensa que en las últimas semanas han seguido de muy cerca lo que ocurre ante el Tribunal".
Bofill dijo que Ponce Lerou no ha pagado los intereses de la multa puesto a que existe un recurso de apelación ante la Corte de Santiago para que zanje el monto de los intereses que debe pagar el empresario sancionado. Por ello, la defensa impugnó la decisión de la Jueza Donoso de no liquidar el crédito de los intereses.
Los montos en disputa
Cabe recordar que ahora la disputa judicial en el Caso Cascada entre el CDE y Ponce Lerou tras el fallo de la Corte Suprema es sobre cuánto debe pagar en intereses por la multa.
Las pretensiones de Ponce Lerou y su defensa son el de establecer el pago de intereses desde el 21 de febrero de 2019, fecha en que la Corte de Apelaciones de Santiago redujo la multa a UF 75.000, luego que el Tribunal Constitucional declara improcedente la sanción de UF 1,3 millones que estableció la exSVS (hoy CMF) en 2014.
Bofill señaló ante el Tribunal que el fallo de la Corte de Apelaciones "dejó sin efecto la multa impuesta por la SVS, determinando y fijando una nueva multa, calculándola en base a una norma distinta".
La defensa del empresario expuso que los cálculos de los intereses de la multa si corrieran desde 2014 a 2020 excederán incluso a la multa confirmada por la Suprema en 111%.
Mientras que el CDE argumentó que en los diferentes fallos quedó corroborado que la sanción impuesta por parte de la exSVS "no poseía vicios de legalidad y, por ende, no debía ser anulada".
Asimismo, el CDE mencionó que "la rebaja final de la multa no le exonera del pago de los intereses devengados desde que se impuso la multa, como tampoco lo hace con los reajustes".
Los antecedentes
Ponce Lerou fue condenado por tras cometer una serie de violaciones a leyes de valores y sociedades anónimas luego que las investigaciones hechas por el regulador descubrieron que las sociedades de Oro Blanco, Calichera-A y SQM-B vendían sus acciones a un precio menor al de mercado a otras sociedades relacionadas al empresario, configurando un "esquema" defraudatorio.
Estas tres compañías después compraban estos mismos papeles a un precio mayor a los que habían sido vendidas a las sociedades antes mencionadas.
Según las indagaciones, el sobrecosto de estas operaciones había sido cercano a los US$ 267 millones actualmente. El sobreprecio pagado sobre las cascadas le habría generado una utilidad de US$ 114 millones a Ponce Lerou, de acuerdo con los cálculos realizados por el regulador.
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