El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao ha eximido por primera vez a Banco Popular de devolver a un accionista particular el dinero invertido en la ampliación de capital de 2016, al considerar que las acciones no son un producto complejo y que los riesgos que implican son de conocimiento público.
La cantidad destinada por el accionista en la ampliación de capital de Banco Popular fue de 5.265 euros, pero lo curioso de la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, según fuentes jurídicas, es que supone un cambio de criterio respecto a casos anteriores.
En concreto, aquí se da la razón al banco y la magistrada destaca, además, que el cliente era titular de acciones de Popular, y de otras sociedades mercantiles, con anterioridad a la ampliación de capital del banco, por lo que no podía alegar desconocimiento de la operativa bursátil.
En su demanda, el pequeño inversor relataba toda la peripecia vivida por Popular desde su resolución en junio de 2017 y la posterior venta a Banco Santander por un euro, y alegaba que la información que se le facilitó era escasa y "abrumadoramente desleal".
El demandante reconoce que no había leído el prospecto del aumento de capital, por lo que la operación debía considerarse "dolosa y el consentimiento viciado".
Sin embargo, el tribunal aclara que ello no supone la nulidad de pleno derecho del contrato, ya que no se ha acreditado que los datos económicos del documento contuviesen graves inexactitudes que sean relevantes para emitir el consentimiento.
De ahí que no haya quedado acreditado error por información errónea o no veraz, capaz de viciar el consentimiento prestado por el demandante para comprar las acciones.
El reclamo de los Luksic
Aunque los montos involucrados no tienen comparación. Uno de los que está esperando una resolución judicial a su causa es Andrónico Luksic y familia, quienes el año pasado adquirieron el 3% del banco Popular en una operación que implicó una inversión estimada en más de US$ 100 millones. Sin embargo, en junio el Banco Santander salió al rescate de su inminente quiebra y adquirió la entidad en la simbólica cifra de un euro.
Lo anterior significó una ola de demandas de los accionistas minoritarios por las pérdidas incurridas tras el bullado salvataje, incluyendo la del grupo chileno.
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