No ha pasado un mes aún desde que Provida concretó la baja en sus comisiones, tanto para la cotización obligatoria como para los productos voluntarios, y su gerente general Ricardo Rodríguez, ya ve efectos de la medida.
De acuerdo al ejecutivo, quien habló con Diario Financiero luego de una junta extraordinaria de la administradora realizada ayer, “la estrategia de reducir las comisiones fue muy bien recibida por los distintos stakeholders, la dirigencia empresarial, la comunidad y los sindicatos de la compañía. Adicionalmente fue muy bien tomada por los afiliados y nos ha permitido mejorar nuestra performance comercial notablemente”.
Cabe recordar que tras el estallido de las marchas en contra del sistema de AFP, Provida ha sido la administradora que más afiliados ha perdido por concepto de traspasos, los que a marzo suman cerca de 60.000 en 12 meses. Y es que dentro de los llamados de la coordinadora No+AFP estaba precisamente el objetivo de una salida masiva de afiliados de Provida por ser la administradora más cara de la industria.
Apuesta por alternativos
Respecto de las inversiones, desde Provida no muestran mayor preocupación por los recientes acontecimientos en los mercados, específicamente por lo que ha ocurrido en Brasil.
“Estos son fondos de largo plazo, todos los días hay eventos de todo tipo. Pero, cuando uno tiene un fondo tan diversificado, con más de 10.000 posiciones, cada una de ellas es un porcentaje muy pequeño del fondo, así estas caídas son compensadas por otros rendimientos”.
Al mismo tiempo, el ejecutivo señaló que en la administradora se encuentran trabajando para poder comenzar a invertir en activos alternativos. Esto, debido a que el regulador de pensiones confirmó que en noviembre debería estar lista la normativa.
Sin embargo, Rodríguez aún ve temas pendiente para poder realizar las inversiones libremente. Lo anterior tiene que ver con la regulación de las comisiones de intermediación, las que según la propuesta del Ejecutivo sufrirán modificaciones con el proyecto de Ley que enviará el gobierno en los próximos meses para perfeccionar el sistema de pensiones.
“Cualquier gestor de fondos de infraestructura tiene un costo de administración y ahí hay temas que tenemos que terminar de resolver, respecto de malos entendidos que ha habido respecto de estos temas que son prácticas comunes en todos los mercados”, dijo Rodríguez.
Finalmente, sobre la disputa que mantiene enfrentados a AFP Planvital y la Superintendencia de Pensiones (ver nota secundaria), el gerente general de Provida señaló que “el que haya diferencia de opinión entre el regulador y los regulados es bastante habitual. Ha sido más mediática pero no me parece un tema grave, es más me parece que está funcionando la institucionalidad”.
Planvital recurre a la Corte Suprema por sucursales
Luego de que la Corte de Apelaciones rechazara por unanimidad el recurso de protección presentado por Planvital en contra de la instrucción de la Superintendencia de Pensiones, en la cual le ordenó abstenerse de ejecutar su plan de cierre de sucursales, la AFP tenía dos opciones: podía desistir de la vía legal y presentar al regulador un nuevo plan de negocios y cierre de oficinas o la otra vía era insistir con el recurso pero esta vez ante la Corte Suprema.
Finalmente la decisión de la AFP, tal como lo adelantó Diario Financiero, fue la segunda, ya que el equipo de abogados y los principales ejecutivos de Planvital confían en su argumento y que el dictamen de la Corte de Apelaciones puede ser revertido en el máximo tribunal.
La AFP insiste en que la decisión de la Superintendencia de Pensiones es ilegal y arbitraria. Respecto de la ilegalidad de ésta da tres argumentos, siendo el primero que el regulador no tendría las facultades legales para exigir a Planvital mantener un número de sucursales mayor al mínimo exigido por la ley y las bases de licitación de cartera de afiliados, "y menos para exigir que se mantengan abiertas ciertas sucursales y centros de servicios en localidades determinadas y específicas".
En segundo término esgrime que el rol de la SP se restringe a "funciones generales" de fiscalización e interpretación, no potestades específicas para su ejercicio. Y por último, señala que el documento del regulador donde le da la instrucción tendría vicios administrativos.
El escrito, firmado por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés y Gustavo Delgado, ingresó a la Suprema con fecha 23 de mayo de 2017.
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