Continúa la disputa entre PlanVital y la Superintendencia de Pensiones, luego de que esta última impugnara el plan de cierre de sucursales que busca implementar la AFP.
Tras la decisión de la administradora de presentar un recurso de protección frente a la instrucción del regulador ante la Corte de Apelaciones -el que fue rechazado por el tribunal de alzada-, ahora le corresponde fallar a la Corte Suprema, ya que la AFP recurrió a esta instancia para poder rescatar su proyecto.
En este escenario, el regulador entregó ayer sus argumentos para cancelar el cierre de los puntos de atención de PlanVital y lo hizo con dureza.
El organismo encabezado por Osvaldo Macías acusó a la compañía de no transparentar el plan de reducción de sucursales en la licitación de cartera de afiliados de 2016 -la que ganó al presentar la comisión más baja del mercado- , y que de haberlo hecho eventualmente la entidad reguladora podría haber declarado desierto el proceso. Esto, porque la AFP señaló que los costos de la absorción de clientes iban a ser cubiertos con un aumento de capital y no con otras medidas.
“Lo relevante para este caso, es que si la Superintendencia hubiese sido advertida durante la licitación por parte de PlanVital, que la estrechez financiera no la enfrentaría como señaló -aumento de capital- sino que la asumirían los afiliados, la Superintendencia podría eventualmente haber analizado la conveniencia de seguir adelante con la licitación o bien declararla desierta”, sostuvieron desde el organismo.
Asimismo, el regulador indicó que tras adjudicar la licitación a dicha administradora, y luego de conocer el plan de cierre de centros de atención, se encontró de forma “sorpresiva” en una situación distinta con la que la AFP ganó el proceso a comienzos del año pasado.
“Frente a esta nueva realidad, la Superintendencia, ejerciendo las facultades con las cuales le ha dotado la ley, no ha hecho otra cosa sino velar para que en este nuevo escenario -no informado durante la licitación por la recurrente- no se vea afectado el legítimo ejercicio de los derechos previsionales de sus afiliados”, expuso.
La Superintendencia de Pensiones también defendió su decisión de las acusaciones de arbitrariedad por parte de la compañía, argumentando que ha instruido a que la empresa informe las medidas para que el cierre de sucursales no afecte a los afiliados, las cuales, según la entidad, todavía no se presentan.
El plan
El nuevo modelo de negocios al que apunta PlanVital se basa en una mejoría de su atención en internet, buscando focalizar su mercado, como se ha expuesto en las últimas juntas de accionistas, en los trabajadores jóvenes, en línea con la licitación de cartera de afiliados, que tras adjudicársela en dos procesos consecutivos ha logrado absorber a los nuevos cotizantes del sistema previsional.
En la actualidad, la AFP cuenta con 1.314.568 afiliados y 41 sucursales para atenderlos, las que están distribuidas desde Arica a Punta Arenas y de implementarse la nueva estructura, se cerrarían en total 18 centros en cinco regiones. Según cifras de la Superintendencia, solo en 2016 se realizaron 167.080 atenciones en las sucursales que se planean eliminar. Desde la administradora han señalado que esta reestructuración no afecta el otorgamiento de las prestaciones, pues dicha actividad no tiene lugar en las sucursales ni centros de servicios, sino mediante transferencias bancarias y atención en bancos y centros de pagos.
Sin embargo, desde el regulador contradicen ese argumento indicando que es un retroceso en el servicio que la AFP presta a sus clientes, lo que “preocupa profundamente a la Superintendencia”.
Añaden que “a diferencia de lo que sostiene la recurrente (PlanVital), este plan, como está concebido, afecta el otorgamiento de los beneficios”.
Plan de negocios de AFP Argentum deberá ser dado a conocer
Pese a que el caso Cuprum- Argentum ya estaría cerrado, éste sigue generando ruido. Y es que, luego que en 2015, el Consejo para la Transparencia apoyara la solicitud de información del periodista de La Tercera Claudio Reyes, que en junio de ese año pidió conocer "el Plan de Negocios presentado por AFP Argentum a la Superintendencia de Pensiones, el cual fue remitido entre septiembre y diciembre de 2014, en el marco de la petición de aprobación de la fusión con AFP Cuprum", y que la compañía se negara tras calificar dichos antecedentes de carácter sensible y que su publicidad "afectaría gravemente su esfera de derechos de carácter comercial o económico", el caso se judicializó pasando a tribunales.
La semana pasada, y tras dos años de tramitación, la Corte Suprema respaldó al Consejo para la Transparencia, por lo que ordenó a la Superintendencia de Pensiones entregar la información exigida en su momento por Reyes sobre la fusionada administradora. El máximo tribunal argumentó que, como las AFP satisfacen una necesidad social -entregar pensiones-, "el derecho a conocer hechos de relevancia pública que ocurren en el medio social y su veracidad, facilita el control ciudadano en los asuntos de interés general, por lo que es obligación del Estado garantizar la libre circulación de la información".
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