Luego de que el lunes el gobierno ingresara a tramitación parlamentaria los tres proyectos de ley que reforman el sistema de pensiones, ayer se hicieron públicos los documentos y con ello el Informe Financiero desarrollado por el Ministerio de Hacienda, en el que se proyecta el costo estatal que tendrán estas iniciativas.
Y aun cuando la defensa del Ejecutivo para no implementar el alza de las pensiones actuales a través de impuestos generales, sino que optar por usar una porción de las cotizaciones de los trabajadores activos, fue que el objetivo era no aumentar el gasto fiscal, lo cierto es que la reforma no es inocua en ese sentido.
Hacienda habló en un comienzo de US$ 1.500 millones por el alza de la cotización y el reporte enumera tres variables que significarán un mayor gasto constante, además del costo inicial de poner en marcha el Consejo de Ahorro Colectivo.
Los costos de la reforma
De acuerdo al documento, “el mayor gasto fiscal corresponde al financiamiento de la nueva cotización del 5% por parte del Estado”, a lo que se suma el incremento en el tope imponible de las cotizaciones que son de cargo del empleador, ya que la base máxima sobre la cual se calculan las cotizaciones se elevará desde aproximadamente $ 2 millones a $ 3 millones.
De este modo, Hacienda calcula que el primer año de puesta en marcha de la reforma le significará al Estado un gasto de $ 85.957 millones (US$ 133 millones). Mientras, al sexto año, cuando esté completamente en régimen la mayor cotización y el nuevo tope imponible, el costo será de $ 478.810 millones (US$ 740 millones).
Pero eso no es todo, ya que el aumento en la cotización así como el mayor tope imponible también le significarán al Estado menores ingresos como consecuencia de la reducción de los excedentes de las empresas públicas, así como menores impuestos provenientes desde el sector privado.
En el caso de los recursos que reciben las arcas fiscales provenientes de las empresas del Estado, en Hacienda calculan que mientras durante el primer año la reforma tendrá un efecto negativo por $ 11.351 millones (US$ 17,5 millones), al sexto este será de $ 68.888 millones (US$ 106 millones).
En el caso del efecto por menor recaudación de impuestos desde el sector privado, será de $ 394.926 millones al sexto año de puesta en marcha de la reforma (US$ 610 millones).
De este modo, cuando esté completamente en régimen el nuevo sistema el efecto en la recaudación para el Estado será de $463.814 millones (US$ 716 millones). Es decir, a este factor corresponde la mitad del efecto fiscal de la reforma.
Y es que en este caso “también se considera el efecto de mayor recaudación por IVA, producto de los aportes que el Sistema de Ahorro Previsional Colectivo entregará a los actuales pensionados y las modificaciones a la incorporación de los trabajadores independientes”.
El Consejo
Todo esto se suma al gasto en que deberá incurrir el Estado para la puesta en marcha del denominado Consejo de Ahorro Colectivo, entidad que estará a cargo de la administración del 5% de cotización adicional.
Como ya se conocía, la implementación de esta nueva entidad significará un costo de 99.910 millones (US$ 154 millones) en tres años. Luego la entidad deberá autofinanciarse.
El documento no explicita a qué se destinarán estos recursos, cuando ya aparecen las primeras críticas por considerar excesivo el presupuesto. Además, contempla otros $ 50 millones en el otorgamiento de “apoyo técnico y administrativo, del Ministerio de Hacienda”, durante los primeros cuatro meses de puesta en marcha de la entidad.
Regulador: benchmark no ayudaba a elevar pensiones
La reforma al sistema de pensiones comenzó ayer su trámite legislativo, con las presentaciones de los titulares de Trabajo y Hacienda, y uno de los puntos a tocar fue la regulación a la industria.
El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien estuvo presente en la instancia, señaló que el proyecto no incluyó finalmente un benchmark a los multifondos o que las AFP paguen de lleno las comisiones de intermediación, porque dichas medidas no ayudaban al objetivo de elevar las pensiones.
"Lo del benchmark y las comisiones de intermediación tiene que ser hecho de forma tal que el objetivo final sea que la rentabilidad de los fondos de pensiones sea mayor. Si no vamos a encontrar una herramienta que nos haga alcanzar ese objetivo no podemos improvisar nada", dijo el regulador.
Sobre las comisiones de intermediación, indicó que "mientras más alta es la comisión de intermediación que se carga a las AFP, mayor es la posibilidad que se desvíen de los fondos que tienen mayores rentabilidades netas de costo. Esa situación es compleja porque no nos podemos arriesgar a que los fondos acumulados por los trabajadores, casi US$ 200 mil millones, se puedan invertir de forma subóptima".
Oposición a favor de regular más a AFP
Desde la oposición, a pesar de criticar el proyecto señalaron que debe regularse a las AFP.
El diputado UDI, Patricio Melero, indicó que "las AFP no pueden seguir como están hoy. Necesitan cambios, regulaciones, mayor competencia, disminuir sus comisiones y tiene que haber mayor participación de los chilenos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, el DC Fuad Chahin, indicó que regulación a AFP es insuficiente y criticó idea de que gerentes encajen parte de su sueldo. "Me parece que es discutible desde el punto de vista constitucional. Los incentivos tienen que ser institucionales más que personales para poder mejorar la rentabilidad", dijo el diputado.
Podrían perderse hasta 394 mil puestos de trabajo
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AFP
