La comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó este miércoles el cuarto tema ad referendum de la reforma previsional.
Se trata de los cambios que busca implementar el Gobierno al mecanismo de cobranza previsional tras haber identificado oportunidades de mejora respecto del procedimiento sobre la recuperación de las cotización adeudadas y los intereses aplicados a la deuda previsional.
El presidente de la instancia, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que la idea de cambios quedaron aprobadas ad referendum, pero que quedó pendiente el "fraseo" en el proyecto de ley para que quede graficado de la forma más idónea y que ojalá, pueda incluir mejoras retroactivas y no solo hacia el futuro.
Una de las principales medidas que propone la reforma es la centralización de la cobranza previsional, tanto prejudicial como judicial, a través de un “Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones”.
La deuda previsional acumulada -incluyendo intereses, reajustes y recargos- sumó US$ 20.207 millones al cierre de 2023, según datos de la Superintendencia de Pensiones. De esa cifra, solo el 2,6% corresponde a cotizaciones, mientras que el 78,9% a intereses y el 18,5% al recargo en beneficio del afiliado.
A la misma fecha, había 315 mil empleadores con cotizaciones impagas declaradas en las AFP, afectando a casi 2,4 millones de afiliados con al menos una cotización impaga, lo que equivale a cerca del 20% de los usuarios del sistema de pensiones. Por su parte, los juicios vigentes totalizaron 1,4 millones.
La deuda en etapa judicial representa el 89,7% del stock y de esta, solo el 3% corresponde a deuda generada en los últimos cinco años. Por ejemplo, el 60,7% es de más de 20 años, lo que hace prácticamente imposible su recuperación.
Modificaciones que impulsa el Ejecutivo
El Ejecutivo propuso varios cambios en esta materia, donde la idea principal es centralizar la cobranza, a través del sistema único.
Este mecanismo deberá ser financiado por todas las entidades responsables de la cobranza previsional del sistema de pensiones y su administración deberá ser licitada en conjunto por dichas entidades. A través de este sistema, las entidades responsables deberán demandar el cobro de las cotizaciones adeudadas respecto de distintos trabajadores en forma conjunta al empleador, en un mismo juicio, para lo cual actuarán representadas por un mandatario común, sostuvo el Ministerio del Trabajo.
Por otro lado, se propusieron mejoras al procedimiento de declaración y no pago automático, ampliando las fuentes de información para determinar casos efectivos de deudas respecto de otros que correspondan al cese o suspensión de la relación laboral, y ampliar las causales en que las entidades responsables pueden ser sancionadas si han actuado negligentemente en la tramitación de la causa.
También se establece la notificación de la demanda según el artículo 437 del Código del Trabajo; es decir, si concurren los requisitos, el ministro de fe procederá a la notificación personal subsidiaria, sin requerir una nueva orden del tribunal, en tanto establezca que el lugar donde se notificaría corresponde a la habitación o donde ejerce sus labores el empleador. Además, la demanda podrá notificarse a través de medios electrónicos si el empleador lo ha autorizado expresamente en la planilla de pago de cotizaciones.
Del mismo modo, se propone expresamente que los gastos de cobranza serán siempre de cargo de las entidades responsables para estos efectos, evitando los cobros discrecionales y desregulados que se realizan en la actualidad a algunos empleadores por parte de empresas, instituciones que, además, deben entenderse financiadas por dicha labor a consecuencia del pago de comisiones que realizan las personas a las AFP.
Por último, se implementará una nueva metodología para el cálculo de los reajustes e intereses de la deuda previsional que evite que los trabajadores se vean perjudicados por la mora de cotizaciones.
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