Tres son los temas de la reforma previsional que la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ya ha aprobado ad referendum: el seguro de lagunas previsionales, mecanismos para simplificar la cotización de independientes y el alza del tope imponible, a excepción del 7% de salud.
La cuarta temática que será puesta sobre la mesa para su deliberación bajo este mecanismo serán los perfeccionamientos a la cobranza previsional, cuyo debate comenzó la semana pasada y continuará este miércoles.
El Ejecutivo identificó oportunidades de mejora respecto del proceso de cobranza previsional asociadas al procedimiento de recuperación de las cotizaciones adeudadas y los intereses aplicados por este concepto.
La deuda previsional acumulada -incluyendo intereses, reajustes y recargos- sumó US$ 20.207 millones al cierre de 2023, según datos de la Superintendencia de Pensiones.
De esa cifra, solo el 2,6% corresponde a cotizaciones, mientras que el 78,9% a intereses y el 18,5% al recargo en beneficio del afiliado.
A la misma fecha, había 315 mil empleadores con cotizaciones impagas declaradas en las AFP, afectando a casi 2,4 millones de afiliados con al menos una cotización impaga, lo que equivale a cerca del 20% de los usuarios del sistema de pensiones. Por su parte, los juicios vigentes totalizaron 1,4 millones.
La deuda en etapa judicial representa el 89,7% del stock y de esta, solo el 3% corresponde a deuda generada en los últimos cinco años. Por ejemplo, el 60,7% es de más de 20 años, lo que hace prácticamente imposible su recuperación.
¿Cómo funciona?
De acuerdo con la normativa vigente establecida en el artículo 19 del Decreto de Ley N°3.500 de 1980, y en la Ley para la cobranza judicial de cotizaciones (N°17.322), cada AFP está obligada a iniciar acciones de cobranza por las cotizaciones adeudadas por un mismo empleador a sus trabajadores, los que pueden estar incorporados en distintas administradoras.
En su presentación ante la comisión de Trabajo, el Ejecutivo explicó que lo anterior genera una o más causas judiciales por cada AFP para un mismo empleador. “Esta circunstancia sobrecarga de demandas a los tribunales y provoca ineficiencias en el sistema de recuperación de cotizaciones previsionales”, consignó el Gobierno.
Adicionalmente, la judicialización de las causas originadas por declaración y no pago automático (DNPA), incorporada por la ley N°20.255, “ha significado una recarga para los tribunales, con la presentación de demandas sin contar con información completa y depurada que permita presumir cotizaciones morosas”.
A su vez, estableció que “se han detectado problemas con la notificación de los empleadores deudores”.
Propuestas
Por medio de la reforma, el Gobierno propone mejoras al procedimiento de cobranza, centralizando su cobro e incorporando perfeccionamientos a la DNPA y a las reglas de tramitación de los juicios de cobranza.
En las indicaciones que introduciría el Ejecutivo en el Senado, se plantearían cambios al procedimiento creando un sistema centralizado para la gestión de la cobranza previsional, tanto prejudicial como judicial llamado “Sistema único de cobranza de cotizaciones”.
A través de este esquema, las entidades responsables deberán demandar el cobro de las cotizaciones adeudadas conjuntamente, en un mismo juicio, para lo cual actuarán representadas por un mandatario común.
“Estas propuestas fueron analizadas en una mesa de trabajo convocada por el Poder Judicial, en la que participaron jueces especializados en materia laboral y de cobranza”, estableció el Gobierno.
Dichas propuestas fueron recogidas, en lo que compete a la centralización de la cobranza, en el proyecto de la expresidenta Bachelet (2017) y del expresidente Piñera (2018). En este último se incorporaban también las mejoras a la DNPA y los perfeccionamientos al procedimiento de cobranza judicial.
Adicionalmente, la propuesta de indicación de La Moneda establece una nueva metodología para el cálculo de los reajustes e intereses.
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