En medio de la discusión sobre la reforma previsional que tiene enfrentado al oficialismo con la oposición, un grupo de académicos chilenos asistió hace un par de semanas a exponer en la Universidad de Oxford, Inglaterra, sobre las políticas públicas de Chile en esta materia.
Entre los expositores estuvo el sociólogo de la Universidad de Chile, Luis Hernán Vargas, quien sostiene que la administración del 4% de cotización adicional debe cumplir al menos tres objetivos: “No encarecer la administración de fondos previsionales, simplificar la toma de decisiones por parte de los cotizantes en un contexto de bajos niveles de educación previsional y establecer subsidios cruzados al interior del pilar contributivo que permitan desarrollar la inercia necesaria para una paulatina expansión”.
Selección vía ADP
En el caso de que finalmente la cotización adicional sea gestionada por un ente estatal, Vargas indica que “el gobierno corporativo debiera incorporar representantes de los cotizantes en los espacios de dirección estratégica y dar un impulso de mayor legitimidad ciudadana de esta nueva institucionalidad”.
“Además, la plana directiva debiera ser llenada por medio del Sistema de Alta Dirección Pública, para que garantice la solidez técnica de las gerencias de este nuevo actor público”, acota.
Asimismo, detalla que puede ser una oportunidad para desarrollar nuevas regulaciones de inversión de los fondos que se recauden y que podrían tomar como referencia a las pautas del Fondo de Reserva de Pensiones del Ministerio de Hacienda.
Lagunas previsionales
Aunque el foco de la discusión pública se ha centrado en la administración del 4% de cotización adicional, el académico sostiene que una de las preocupaciones que Chile debe abordar son las lagunas previsionales, incluso, como prioridad respecto de aumentar la edad de jubilación (actualmente 65 años en hombres y 60 años en mujeres).
Asegura que por el momento no tiene mucho sentido aumentar la edad, “sin que se resuelvan los problemas de lagunas previsionales y creciente necesidad de financiamiento público en pensiones sociales, tanto en montos como en cobertura. El set de medidas debiese contribuir a que el sistema logre su rol principal: seguridad económica en la vejez”.
Añade que los seguros para incentivar la cotización “son más efectivos para los eventos relacionados con decisiones más bien individuales. Pero, no logran cumplir, de forma más apropiada y efectiva, el objetivo de disminuir las lagunas previsionales ocasionadas por nuevas formas de relación laboral o personas que se dedican a labores de cuidado o trabajo productivo no remunerado”.
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