Una de las materias que no genera consenso es la distribución del 6% de cotización adicional que propone la reforma, donde la última propuesta del Gobierno apunta a dividirlo en 3% a capitalización individual (con un mecanismo de solidaridad intrageneracional) y 3% a un Seguro Social (solidaridad intergeneracional), mientras que la oposición insiste en que la cotización extra debe ir íntegramente a cuentas individuales.
“Cualquier ayuda a los jubilados debe ser con rentas generales que sean acotadas y transitorias”, sostuvo la economista y directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón.
El centro de incidencia Pivotes, planteó una propuesta para mejorar las actuales pensiones con foco en ciertos grupos de la población y estimó su costo en un total de 0,39 puntos del Producto Interno Bruto.
Línea de la pobreza
Por una parte, apuntaron a subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a la línea de la pobreza dado que hoy está por debajo de ese indicador. Sin embargo, creen que se debe mantener la focalización en el 90% de la población de menores ingresos, sin aumentarla al 100%, punto en el que concuerdan con la postura de la mesa técnica.
De esta manera, significaría elevar la PGU desde los actuales $ 214 mil a $ 228 mil, monto en el que está la línea de la pobreza y costaría en régimen 0,22 puntos del PIB, según un estudio de Matías Acevedo y Hermann González.
Mujeres de clase media
En segundo lugar, Pivotes plantea suavizar el ingreso de los jubilados al transitar de la vida activa a la pasiva por medio de una ayuda focalizada a quienes más lo necesitan.
Así, definieron que debiera existir un complemento para las mujeres de clase media que no logran buenas tasas de reemplazo, a pesar de haber cotizado durante varios años.
Al igual como lo establece el Gobierno, proponen otorgar una garantía de UF 0,1 por año cotizado, pero enfocado en las jubiladas mujeres que cotizaron más de 20 años.
Pivotes estimó que, en régimen, lo anterior costaría 0,17 puntos del PIB siendo conservadores, pues calculan que incluso podría ser menor.
La directora de Evidencia de Pivotes, Elisa Cabezón, explicó en entrevista con DF que “el debate en pensiones ha estado al revés”, pues dijo que el Gobierno partió hace un año con su propuesta que destinaba recursos equivalentes a 1,4 puntos del PIB a los actuales pensionados, sin tener un enfoque por grupos.
“El Gobierno presenta esta propuesta que entrega una gran cantidad de recursos a los actuales jubilados sin antes haber hecho un análisis de qué grupo de jubilados son los que están menos protegidos con el sistema actual”, criticó Cabezón.
En ese contexto, aseguró que desde Pivotes partieron definiendo al grupo que necesitaba ser beneficiado con una reforma. Así, realizaron un análisis de la tasa de reemplazo de la manera más exigente de medirla, vale decir, comparando la pensión con el último sueldo recibido.
Tras ese ejercicio, llegaron a la conclusión de que la mediana de tasa de reemplazo respecto al último sueldo líquido era de 75% para los hombres en todos los tramos de años cotizados.
En tanto, el problema lo identificaron en mujeres que ahorraron por más tiempo: desde 20 años cotizados hacia arriba, la mediana de las tasas de reemplazo está bajo el 70%, siendo incluso menores del 50% para las mujeres que cotizaron más de 30 años.
¿Cómo financiarla?
La forma en que se financian las ayudas ha sido una de las grandes piedras de tope para llegar a un consenso en pensiones, pues hay quienes se inclinan porque sea vía impuestos generales, mientras que otros actores apuntan a hacer solidaridad vía cotizaciones.
Para Cabezón, “cualquier forma de ayuda a los actuales jubilados debe tener como principal consideración cuidar el empleo formal (...) Por eso no comparto ayudar a los actuales jubilados destinando cotizaciones de los sueldos formales, porque eso puede desincentivar y debilitar el empleo formal”.
Añadió que “cualquier ayuda a los jubilados debe ser con rentas generales que sean acotadas y transitorias”.
La economista planteó que el Estado podría financiarlo a través de la recaudación de cumplimiento tributario, con lo que alcanzaría para financiar esta propuesta, pues recordó que el propio Gobierno la estimó en 1,5 puntos del PIB y aunque fuera menor, igual sería suficiente.
Además de tener un costo menor que la que hoy implica el proyecto del Ejecutivo de reforma de pensiones que está en el Senado, aseguró que “nuestra propuesta tiene otra ventaja, que da más sostenibilidad fiscal”. Esto, dado que según explicó, si se ayuda a los actuales jubilados “a través de las rentas generales, sin tocar las cotizaciones de los sueldos formales, eso permite que los seis puntos extras vayan íntegramente a las cuentas individuales” y así aumentar las pensiones futuras, lo que también reduce los gastos fiscales hacia delante.
“Las UF 0,1 por año cotizado va a ser siempre, es permanente. Lo que es transitorio es cómo financias esa ayuda”, que hoy para las actuales jubiladas es completo a través de impuestos generales, manifestó.
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