Polémica sigue causando aún el caso de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, que solicitó a AFP Cuprum el retiro de sus fondos previsionales, petición que fue negada, por lo que recurrió a la Corte de Apelaciones, la cual tiene al caso actualmente en el Tribunal Constitucional (TC).
La profesora, quien integra el movimiento No+AFP, recibió apoyo esta mañana de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes se reunieron con ella en la sede de la institución sindical. "En Chile hoy no hay seguridad social y el Estado no la garantiza para miles de personas", mencionó, declarando que su crítica no sólo va al retiro de los fondos en general, sino al sistema en sí.
Hoy los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Silber y José Miguel Ortiz, presentaron una indicación en el Congreso a la reforma de pensiones, la cual permitiría disponer una parte o el total de los fondos de pensiones acumulados para el pago de deudas hipotecarias. Esta solicitud no podría efectuarse si el valor de la vivienda supera los UF 3.000, y las AFP dispondrían de 20 días hábiles para dar curso al retiro.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, manifestó que no apoyan la indicación que presentó la DC. "Busca, junto al patrocinio de otros parlamentarios, tratar de poner paños fríos en esta discusión, diciendo que incorporando una indicación que permita a los trabajadores en situaciones de excepción puedan retirar sus fondos, se resuelve el problema de fondo", mencionó.
El abogado constitucionalista y presidente de la Fundación "La casa común", Fernando Atria, mencionó que "vamos a decirle al tribunal (TC) que el discurso de la propiedad que nos han vendido durante 40 años es falso, y que si no lo es, este no es un sistema de pensiones. Los dueños de los fondos tienen derecho a obtenerlos". Además, calificó que el sistema, más que ser previsional es de "ahorro forzoso".
El dirigente de No+AFP, Luis Mesina, manifestó que el recurrir a las distintas cortes de apelaciones al no poder retirar los fondos de pensiones tenía como objetivo "dirimir la controversia respecto al discurso instalado hace 40 años de que somos propietarios. Los trabajadores no pueden disponer de sus recursos y eso no es posible".
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