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REGÍSTRATE AQUÍLa asociación de AFP de Perú hizo un llamado a que se apruebe este año la segunda etapa de la iniciativa.
Por: Constanza Ramos T.
Publicado: Jueves 19 de diciembre de 2019 a las 04:00 hrs.
En el año 2017, el gobierno de Perú aprobó el Decreto 1275 para que los gobiernos regionales y municipales regularizaran hasta en 120 cuotas el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema Privado de Pensiones.
En base a esa norma, 814 instituciones públicas se acogieron a este decreto, de las cuales 117 perdieron ese beneficio al adeudar tres o más cuotas de pago.
El mecanismo se denominó Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO-AFP), al que los organismos pagaron US$ 442 millones a favor de 254.045 trabajadores. Los pagos empezaron a cancelarse en enero de 2018.
Actualmente, el REPRO AFP está cerca de cumplir su segundo año de vigencia y ha recuperado el 85% del monto comprometido hasta la cuota 22.
El martes pasado, la presidenta de la Asociación de AFP de Perú, Giovanna Prialé, señaló que esta situación está perjudicando a más de 40 mil personas que están cercanos a la jubilación y que por ello la importancia que el Ejecutivo apruebe este año mediante Decreto de Urgencia la segunda etapa del REPRO-AFP para que se complete el pago de las cotizaciones adeudadas.
“Si el gobierno aprueba en 2019 este decreto de urgencia, el próximo año se haría el proceso de acogimiento de deuda de todas estas entidades, y recién en 2021 se empezaría a pagar. Esta es una deuda social que no se puede seguir aplazando y confío en el pleno compromiso de este gabinete en reconocer estas deudas y devolver el dinero que autoridades anteriores retuvieron y no pagaron”, resaltó Prialé.
Por otra parte, el gremio peruano informó que 629 entidades del gobierno central adeudan US$ 71 millones y 284 entidades del regional US$ 66 millones.
La mayor parte de las localidades deudoras por tipo de gobierno, concentran el 94% de la deuda total. Asimismo, 88 entidades del rubro Educación, como por ejemplo, las direcciones regionales de educación, el ministerio de educación y las unidades de gestión acumulan una deuda de US$ 80 millones, es decir, el 38% de toda la deuda de entidades estatales.
En Chile, durante 2018 se generaron Declaraciones No Pagadas (DNP) por un total de US$ 382 millones, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones (SP).
De ese monto el 47,3% fue recuperado durante el mes de generación y el 83,4% se recuperó dentro de los primeros cuatro meses.
El número de afiliados que tienen al menos una cotización impaga son más de dos millones, y los empleadores deudores son 279 mil.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.