Nuevamente la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tuvieron que explicar, esta vez ante la Contraloría, los argumentos técnicos que dieron origen a las tablas de mortalidad utilizadas para el cálculo de las pensiones.
El 25 de octubre los senadores de la DC, Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro hicieron una presentación ante la Contraloría para que este órgano emitiera un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos de los reguladores al momento de establecer las tablas mencionadas, que han sido objeto de críticas por estimar una edad máxima de 110 años.
El lunes 18 de noviembre la SP y la CMF respondieron mediante un oficio a la Contraloría señalando que las tablas en cuestión se realizaron utilizando una metodología con estándar internacional y no vulneran el derecho de seguridad social que consagra la Constitución. Además, dichas tablas fueron confeccionadas con la asesoría técnica de la OCDE.
Los argumentos
"Es necesario recordar que la determinación de las tablas de mortalidad y la consecuente actualización de las expectativas de vida para el cálculo de las pensiones en retiro programado tiene por fin evitar el agotamiento prematuro del saldo acumulado por el afiliado para el financiamiento de su pensión", afirmaron los reguladores.
Agregaron que, en el caso de las compañías de seguros de vida, se busca determinar las reservas técnicas que respalden el pago de las rentas vitalicias contratadas.
Añadieron que las tablas de mortalidad "deben confeccionarse en base la información estadística agregada de un conjunto poblacional, ya que no existe forma de determinar la fecha en que una persona morirá.
Lo anterior, lleva a que el riesgo de muerte o sobrevida de una persona se estime de la manera en que generalmente se comportará la población del grupo de referencia.
"Todas las pensiones que otorga el sistema de capitalización individual son calculadas de la misma manera y se aplican las mismas reglas a todos los solicitantes que se encuentren en la misma condición, no existiendo privilegios ni diferencias arbitrarias entre los afiliados y sus beneficiarios", concluyeron ambos reguladores.
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