Sobre los sandboxes regulatorios

Pablo Contreras

El Ministerio de Economía ha dado a conocer una iniciativa para impulsar “sandboxes” regulatorios, en nuestro país, con el objeto de facilitar la experimentación e innovación en el desarrollo de la inteligencia artificial. Se trata de una innovación que se enmarcaría dentro de la Política Nacional de Inteligencia Artificial (IA). Al respecto, conviene hacer dos prevenciones.

Primero, sería conveniente que los marcos regulatorios y de política pública sobre IA ya estuvieren definidos. En efecto, la Política Nacional aún no se ha publicado. De igual manera, con la inminente promulgación del Digital Economy Partnership Agreement, Chile deberá comprometer sus esfuerzos para desarrollar un marco ético que apoye el uso fiable, seguro y responsable de la IA. Dichos estándares éticos requieren estar alineados, como es evidente, con la Política Nacional de IA. ¿Cómo dialogan estas exigencias con la introducción de sandboxes regulatorios, en materia de IA?

Pero, en segundo lugar –y quizás más importante–, Chile carece de un ecosistema de protección de datos personales que facilite la supervisión de este tipo de técnicas regulatorias flexibles en IA. Nuestro país no tiene una autoridad de control en materia de datos, con facultades para interpretar, supervisar, fiscalizar y sancionar las infracciones a la normativa. No se trata de que todo tipo de desarrollo de IA requiera tratar los datos personales, pero en buena medida, los riesgos de la flexibilidad regulatoria se dan, precisamente, en las potenciales afectaciones de los derechos fundamentales de las personas, particularmente, respecto de la información personal y las condiciones de autodeterminación de sus titulares.

Esto ha sido bien entendido en el derecho comparado y el caso que mencionó la semana pasada una la nota de este diario –Colombia– da cuenta del liderazgo de las autoridades de protección de datos para generar entornos seguros en materia de sandboxes. Desde nuestra vereda, en tanto, seguimos contemplando la postergación por indecisión de la creación de una autoridad de control que permita garantizar la autodeterminación informativa, reconocida constitucionalmente desde el 2018.

Este es un buen ejemplo de cómo la ausencia de un marco regulatorio robusto impide o frena la innovación. El retraso crónico de una nueva ley de datos nos pesa para nuestro desarrollo económico y científico. Mientras no se reforme la Ley No. 18.628 –incorporando una agencia encargada de su “enforcement”– los titulares de datos tenemos buenas razones para ser suspicaces frente a cualquier tipo de alivio regulatorio sin supervisión.

Las reglas claras dan certeza a la industria y a las personas. Quizás es conveniente evitar construir castillos en la arena, porque la experimentación buscada no puede ser al costo de sacrificar nuestros derechos.