Por Christine Murray
Ciudad de México
Los mexicanos se están preparando para elegir a los jueces del país por votación popular en un experimento único que, según advierten los grupos jurídicos, amenaza la independencia judicial, deshace 30 años de conocimientos y le abre la puerta al crimen organizado.
En las elecciones del 1 de junio, México sustituirá a casi 900 jueces a nivel federal, y a cientos más en 19 jurisdicciones estatales, en un proceso de votación que nunca ha sido probado en otro lugar y que se implementó en sólo ocho meses.
Anteriormente, los futuros jueces trabajaban durante muchos años dentro del sistema y se sometían a exámenes competitivos, pero ahora sólo necesitan cinco años de experiencia jurídica y una licenciatura en Derecho.
El nuevo sistema fue promovido por el exPresidente Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda que criticaba severamente a los jueces que bloqueaban la legislación que él favorecía.
Su sucesora elegida, la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha apoyado la votación, argumentando que reducirá la corrupción y hará que los jueces sean más responsables de rendir cuentas.
Expertos jurídicos en el país y en el extranjero han criticado la idea, al igual que inversionistas y exfuncionarios de las instituciones independientes de México.
"La consecuencia más grave de esta elección es que subsumirá, absorberá, capturará, domesticará y controlará al Poder Judicial", dijo Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora el Instituto Nacional Electoral (INE). "En la práctica, los controles políticos y judiciales sobre el Gobierno se erosionarán casi por completo", comentó él.
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Muchos abogados mexicanos lo consideran la muerte de un poder judicial defectuoso, pero en vías de mejora, al que dedicaron 30 años construyendo junto con la transición del país a la democracia.
Luis Pereda -de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA)- y Adriana García -del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford- escribieron este mes que "éste es un mecanismo disfuncional impulsado por el partido gobernante y por sus aliados que deshace 30 años de mejoras graduales en el poder judicial".
"Es el escenario ideal para la infiltración de intereses criminales", añadieron Pereda y García.
Un sorteo al azar decidió qué mitad de los jueces federales serían sustituidos el domingo y cuál en 2027. La mayoría de los candidatos a la votación fueron elegidos por el partido gobernante, y no se les permitió ningún tipo de financiamiento público o privado.
Algunos están abiertamente asociados con Morena, el partido gobernante. Una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha autodenominado "la abogada de AMLO", en referencia al exmandatario.
Los leales al partido, incluyendo el hijo de López Obrador, han publicado sus preferencias en el Internet, mientras que otros promueven hojas con nombres e información sobre los candidatos que quieren que los votantes lleven consigo para ayudarles a rellenar las complejas papeletas electorales.
El INE anticipa una participación de entre el 8% y el 15%, frente a más del 60% en las elecciones presidenciales del año pasado. La mayoría de los mexicanos simplemente no están interesados, según los analistas políticos, mientras que algunos votantes de la oposición boicotearán el proceso.
"Menos del 1% entiende por lo que está votando", dijo Jorge Sepúlveda, vicepresidente de la BMA. "Los que votarán en su mayoría serán personas impulsadas por el Gobierno".
Sepúlveda dijo que muchos de sus colegas estaban de acuerdo en que la reforma era necesaria, pero no de esta forma. "No conozco a ninguno que piense que ésta fue una buena idea".
En la Ciudad de México, los votantes deben rellenar nueve papeletas, eligiendo unos 50 nombres de entre casi 300 posibles. Se asignaron jueces especializados a determinados distritos, lo que significa que los votantes de algunas partes de la capital elegirán a todos los jueces de competencia y de telecomunicaciones del país.
Algunos candidatos no tienen oposición y pueden ser elegidos con un solo voto. "Describir este sistema como kafkiano se queda corto", dijo Carlos Ramírez, de la consultora de riesgo político Integralia.
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La visión empresarial
En un momento de gran incertidumbre para México, con el Presidente estadounidense, Donald Trump, imponiendo aranceles y amenazando con una acción militar contra los cárteles de la droga, las empresas consideran la reforma judicial como un factor disuasorio adicional para la inversión.
"Nadie podrá ganar casos contra el Gobierno", señaló un ejecutivo de una compañía extranjera en México, quien pidió no ser nombrado. "El Gobierno siempre ganará, incluso en disputas fiscales y de competencia. El único contrapeso será Trump".
El lobby bancario del país está buscando crear tribunales especializados con un grupo selecto de los jueces elegidos.
La administración Trump aún no ha dado su opinión, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo entre los senadores estadounidenses que firmaron una carta el año pasado en la que argumentaban que "las reformas judiciales propuestas en México socavarían la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro críticos intereses económicos y de seguridad compartidos por nuestras dos naciones".
Un tribunal disciplinario "todopoderoso" podrá destituir a los jueces. De los 38 candidatos a ese cargo, al menos 10 tienen vínculos con el partido gobernante, incluyendo dos que trabajaron directamente para López Obrador.
Las actuales divisiones en el partido Morena podrían reflejarse en los resultados, y cada bando influiría en su propio grupo de jueces, dijo Ugalde.
Los opositores afirman que los cambios judiciales forman parte de un rediseño más amplio del Estado mexicano hacia un sistema más autoritario, con instituciones más débiles y un mayor papel del ejército.
La coalición gobernante afirma que claramente les informó a los votantes sobre el plan el año pasado antes de las elecciones, en las que obtuvo una victoria presidencial de 30 puntos para Sheinbaum y una supermayoría en el Congreso. "México se va a convertir en un país más democrático el 1 de junio", dijo ella la semana pasada.
Desde la transición a la democracia en 2000, el recuento de votos en las elecciones mexicanas se ha considerado confiable, pero el panorama general es más problemático. Decenas de candidatos fueron asesinados el año pasado; los partidos les pagan regularmente a líderes locales para que lleven a los votantes a las urnas; y el financiamiento ilegal de las campañas es desenfrenado.
Un grupo anticorrupción identificó 17 candidatos de "alto riesgo" en las elecciones judiciales, entre ellos uno que había trabajado para el líder del cártel de Sinaloa y otro que había trabajado para el líder del grupo criminal Los Zetas.
Saúl López, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, dijo que el nuevo sistema ofrecería "el máximo grado de captura estatal y regulatoria, no sólo por parte del crimen organizado sino de otros poderes económicos".
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