La Ley Jacinta en el mercado asegurador
Señor Director:
La Ley Jacinta no solo moderniza el SOAP, sino que redefine el equilibrio entre protección al consumidor, sostenibilidad financiera y capacidad de adaptación del mercado. El alza de los montos asegurados implica un ajuste en las reservas y presiona los modelos de siniestralidad y suficiencia de primas. A la vez, reducir el plazo para pagar indemnizaciones por muerte exige reforzar capacidades operativas, verificación, gestión documental y tiempos de respuesta.
En lo económico, la subida preliminar cercana al 30% del seguro en el precio refleja el traspaso de mayores costos al cliente y abre el debate sobre elasticidad en un producto obligatorio. Esto insta a recalibrar estrategias comerciales y supuestos actuariales. La CMF también ha debido actualizar su marco regulatorio, elevando exigencias de cumplimiento y estándares de supervisión en solvencia, transparencia y operación. En respuesta, las aseguradoras avanzan en digitalización, automatización y capacitación.
En términos sistémicos, esta ley marca un punto de inflexión: fortalece la protección a las víctimas, pero tensiona la estructura de costos y anticipa más competencia en eficiencia y capacidad tecnológica. La tendencia es que este avance en derechos derive en un mercado más sólido y equilibrado, sin barreras de acceso.
Rogerio Galveas
socio de Consultoría en Seguros de EY
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