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Alto contrasteRiqueza y democracia
Señor Director:
En septiembre, una columna en Diario Financiero respondió a mi artículo “La arquitectura legal de la riqueza”, publicado en El País. Su autor, el profesor Eduardo Irribarra, sostiene que vincular la gestión patrimonial con desafíos democráticos supone simplificar injustamente la labor profesional del sector. Sin embargo, su respuesta desplaza el debate hacia la legalidad formal y la eficiencia estatal, evitando el punto central: cómo ciertos arreglos legales permiten organizar y proteger grandes patrimonios con consecuencias estructurales para la democracia y la justicia fiscal.
No se trata de criminalizar profesionales, sino de interrogar críticamente una arquitectura legal que habilita prácticas elusivas que, aunque legales, erosionan la base fiscal, refuerzan la concentración económica y consolidan una legalidad paralela para pocos. Reducir el debate a corrupción o ineficiencia es un encuadre clásico que desvía la atención desde estas estructuras.
Estudios muestran pérdidas fiscales globales por cientos de miles de millones de dólares, restando recursos públicos y profundizando desigualdades. Ignorar esta dimensión es ver solo parte del tablero. Necesitamos un debate abierto y serio sobre el rol del derecho y de los gestores patrimoniales en la reproducción de la riqueza.
Ricardo Valenzuela
Investigador COES
