Ayúdennos a ser en verdad solidarios
Oscar Ferrari Socio Estudio Garrigues
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Oscar Ferrari
Los chilenos solemos decir que la solidaridad nos define como nación, pero en la comparación internacional no salimos tan bien parados. El World Giving Index (Charities Aid Foundation, 2019) ubica a Chile en un lejano lugar 41 a nivel mundial.
Pero tampoco debemos ser autoflagelantes. Según el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la U. Adolfo Ibáñez, un 61% de chilenos financiaría organizaciones sociales. Casos recientes muestran esa solidaridad cuando se facilitan los caminos para ello: $80 mil millones recaudados por la CPC para enfrentar el Covid-19; la donación al Minsal de 100 mil unidades de alcohol gel por CCU; la fabricación de mascarillas por una filial de CMPC; el aporte de BHP a la U. Católica de $4.500 millones para desarrollar un sistema de detección rápida del coronavirus; o los más de $34 mil millones obtenidos en la Teletón.
¿Por qué, entonces, faltan ejemplos más permanentes y generalizados de filantropía y solidaridad? Una respuesta es clara: nuestro sistema legal está lleno de barreras que dificultan convertir las buenas intenciones en actos concretos de solidaridad.
El Código Civil exige autorización judicial para donaciones superiores a dos centavos –la ironía del monto habla por sí misma- y limita al 25% de los bienes del causante, el monto que puede testar en favor de quienes no sean sus herederos forzosos (básicamente, hijos y cónyuge). A ello se suman dificultades tributarias, ya que las donaciones se gravan con un impuesto que puede llegar hasta el 25% del monto donado, con un recargo del 40% si el donatario es un pariente lejano del donante o no existe parentesco alguno. En las empresas las barreras son aún más explícitas, pues en principio las donaciones se consideran como gasto rechazado, gravado con una tasa de 40%.
Entonces, es posible pensar que, si caen barreras, se multiplicarían los casos de empresas y personas que pasarían de la intención a la acción, apoyando con recursos, tiempo (voluntariado) y buena gestión. Es de esperar que, atendidos los buenos ejemplos observados en esta difícil época, la mayoría facilitados por una ley de más de 43 años y que, lamentablemente, se activa en tiempos de catástrofe, se abra una discusión sobre nuevos incentivos para transformar esa genuina generosidad ocasional en actos de filantropía permanentes.
Incluso si se busca “repartir mejor la torta, acabar con la acumulación excesiva de riqueza y promover que el flujo de dinero circule en toda la sociedad”, como indica una moción parlamentaria que pretende limitar el monto de las herencias a un tope de $ 4 mil millones, la filantropía parece ser un mejor camino, ya que se percibirían anticipadamente los recursos, además de ser un proceso más colaborativo y bastante menos expropiatorio del planteado por el proyecto de ley.
Por eso, instamos al Gobierno y al Congreso a destrabar los nudos legislativos y reglamentarios que dificultan la colaboración privada en la provisión de bienes públicos, otorgando los incentivos correctos para que los particulares pasen, de modo estructural y entusiasta, a la acción solidaria y filantrópica.