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Alto contrastePresupuesto de educación: los bolsillos de los frenteamplistas son la prioridad
CECILIA CIFUENTES Economista, directora Centro de Estudios Financieros del ESE, UAndes
Cecilia Cifuentes
Estamos en pleno proceso de discusión de la Ley de Presupuestos, probablemente la más importante de cada año, ya que refleja las reales prioridades del Gobierno, hacia dónde van los recursos de los contribuyentes. En política educacional, los objetivos de este Gobierno quedan bastante claros. Es evidente que representan a un grupo de interés; estudiantes universitarios que persiguen el derecho a un título, con el menor sacrificio en materia financiera, junto con la mayor masificación posible. “La educación superior es un derecho” es la consigna que los guía.
La satisfacción de esa demanda le está generando a Chile costos altísimos en la calidad de educación, por la desfocalización de los recursos donde son más necesarios, la primera infancia. Igual de grave es la frustración de cientos de miles de estudiantes que reciben un título con escaso valor en el mercado laboral; los “Sueños de Cartón”, que en forma tan clara describe el antropólogo Pablo Ortúzar en su libro.
“En concreto, con la gratuidad universitaria, destinamos recursos cuantiosos para entregar un gran número de títulos de poco valor. Si se llega a aprobar el FES, el ‘hoyo negro’ de la gratuidad solo crecería”.
La gratuidad universitaria, una de las reformas de Bachelet II, nos está costando el triple de lo estimado. El presupuesto de esta política aumenta en casi US$ 300 millones, llegando a US$ 3.000 millones. Además tiene un diseño errado, ya que, al no financiar el costo real de las carreras, lleva a las instituciones a aumentar vacantes y a bajar la calidad de los programas. De paso, incentiva la informalidad laboral, para quedar dentro del 60% de menores recursos que recibe el beneficio. En concreto, destinamos recursos cuantiosos para entregar un gran número de títulos de poco valor. Resulta además muy preocupante que, si se llegara a aprobar el FES, este “hoyo negro” de la gratuidad solo crecería.
Se agrega el costo del CAE, que por las erradas promesas de condonación, sumando el presupuesto fiscal sobre y bajo la línea, demandará casi US$ 600 millones en 2026.
Se trata finalmente de una transferencia en torno a US$ 3.600 millones que hacemos anualmente todos los ciudadanos a estudiantes que no pagan sus carreras, lo que en justicia debería ser un crédito contingente al ingreso, y no un regalo a costa de la educación preescolar, básica y media. Porque este gran aumento de recursos se hace a costa de caídas en el presupuesto de jardines infantiles, de subvenciones educacionales, de fondos para apoyo educativo, del mejoramiento de infraestructura, de fondos para liceos bicentenario y de los programas de salud escolar, entre los más relevantes. Cuando se trata de educación escolar, solo la administración de los SLEP y el pago a la deuda histórica de los profesores (US$ 65 millones) parece tener prioridad.
La creación de los SLEP (otra reforma aprobada en Bachelet II) ha generado un alto costo, pues el número de funcionarios de Educación ha pasado de 28 mil en diciembre de 2017 a 115 mil en junio pasado, explicado en 97% por estos servicios. Lo relevante es entonces dónde está la mejoría de calidad de este enorme esfuerzo de gasto, que hasta ahora parece no existir.
El déficit de capital humano del país es probablemente la restricción más importante que enfrentamos para alcanzar el desarrollo. Estamos pagando un costo altísimo por haberle entregado la política educacional a un grupo que llegó al poder principalmente con la consigna de “educación pública, gratuita y de calidad”. Tarde nos damos cuenta de que se trataba finalmente de plata para sus bolsillos.
