Chile necesita una estrategia portuaria

Catalina Binder

Hace algunos días hemos conocido a través de los medios el acuerdo celebrado por SAAM con Hapag Lloyd para la venta del 100% de las acciones de sus filiales SAAM Ports y SAAM Logistics. Esta transacción, cuyo monto asciende a mil millones de dólares, convertirá a Hapag Lloyd en el principal actor portuario de Chile, al adquirir cinco concesiones, comprendiendo entre ellas el 50% de la propiedad de San Antonio Terminal Internacional (STI), operador del puerto que mueve más carga en el país.

La enorme inversión de esta empresa alemana refleja la confianza en Chile que mantienen grandes conglomerados que buscan potenciar negocios en el mundo, y, particularmente, en América Latina.

“Los puertos nacionales ya han agotado la posibilidad de aumentar su capacidad sólo con aumentos de eficiencia, por lo que resulta imperioso ampliar la infraestructura portuaria y la automatización de ciertos procesos”.

Asimismo, esta transacción deja en evidencia el atractivo que representan las rutas comerciales desde y hacia América Latina, cuyas tasas de crecimiento siguen aumentando. Reflejo de ello, entre otros, es la construcción por parte de Cosco Shipping Ports, una de las más grandes empresas del Estado chino, del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, megapuerto que por volumen de operaciones está llamado a convertirse en un núcleo relevante del comercio entre América Latina y Asia.

En Chile, el sector portuario es uno de los más eficientes de la región, de acuerdo con indicadores reconocidos, y está obligado a seguir compitiendo y comparándose con los transportes y puertos alternativos. Mantener ese liderazgo y adecuarse a los cambios que han tenido lugar en el transporte marítimo, teniendo presentes las exigencias de nuestra economía abierta al exterior, implica importantes desafíos que deberán ser abordados por el Gobierno, como política de Estado.

Actualmente, los puertos nacionales habrían agotado la posibilidad de aumentar su capacidad sólo con aumentos de eficiencia, por lo que resulta imperioso ampliar la infraestructura portuaria y la automatización de ciertos procesos.

Al respecto, la iniciativa más importante es el Puerto Exterior de San Antonio, proyecto del Estado de Chile encabezado por Puerto San Antonio, que requerirá una inversión aproximada de 3.500 millones de dólares. Es indiscutible que resulta fundamental para Chile la ejecución oportuna de este proyecto, para lo cual se debiera acelerar su proceso de tramitación ambiental que tiene actualmente en curso en el Sistema de Impacto de Evaluación Ambiental (SEIA).

Asimismo, para ampliar la capacidad portuaria nacional en los puertos públicos y privados, es necesario contar con la disposición del sector privado, lo que requiere de parte del Gobierno algunos cambios fundamentales. Entre los principales, el Estado debiera desarrollar una visión estratégica sobre el rol que cumplen los puertos en la cadena logística, e integrar este enfoque a la planificación desde la autoridad central, para aumentar la competitividad-país, incluyendo no sólo a los puertos públicos, sino también a los puertos privados.

Con esta visión, el Estado debiera abordar la actividad portuaria dentro una institucionalidad que sea un referente para los puertos públicos y privados, y desarrollar una planificación integral del sistema, que permita una coordinación entre todos los actores.

Hoy estamos lejos de contar con una Ley General de Puertos y un sistema, aunque sea rudimentario, de planificación estratégica de nuestra red portuaria. El éxito en este gran desafío no solo aseguraría la salida oportuna de nuestros productos de exportación, sino que permitiría mantener el liderazgo regional exhibido por Chile en las rutas comerciales desde y hacia América Latina.