Competencia e inflación: ¿una esquiva causalidad?

Ana María Montoya

La inflación y sus causas han sido latamente estudiadas por análisis macroeconómicos con el fin de predecir sus consecuencias, para así orientar las medidas que reduzcan sus dañinos efectos en consumidores y empresas. Sin embargo, la relación entre inflación y prácticas anticompetitivas no es para nada evidente.

Después de que en nuestra economía estuviésemos acostumbrados a inflaciones de entre 2% y 3% anual, los cambios generados por shocks simultáneos de oferta y demanda por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y los retiros previsionales (como hito particular en nuestro país), provocaron un aumento relevante en los precios. Frente a eso, las autoridades de competencia se han visto forzadas, por presiones políticas, a considerar la causalidad entre la inflación y las políticas de competencia en los mercados.

“Más que discutir la causalidad atribuible a problemas de competencia, aprovechemos esta oportunidad para dotar de recursos a autoridades como la FNE”.

Desde el punto de vista macroeconómico, hay una relación en cuanto a la capacidad de la política monetaria para controlar la inflación, ya que firmas con mayor poder de mercado son menos sensibles a cambios en costo de financiamiento externo (tasas de interés); así, esta herramienta es menos efectiva como política contractiva en mercados con menores niveles de competencia.

En lo microeconómico, es relevante considerar que la competencia afecta los precios. Sin embargo, el alza sostenida de precios no tiene relación con su nivel, sino con su variación porcentual, por lo que no existe una correlación directa entre concentración e inflación. Es más, mercados concentrados pueden tener precios muy estables y baja inflación, mientras que, en mercados competitivos, reducciones de oferta pueden implicar alzas sostenidas de precios.

En análisis de competencia existen indicadores que podrían usarse como proxy de cambios conductuales de las firmas, como los márgenes. Sin embargo, esto tampoco es evidente, ya que los márgenes pueden variar por otros factores, como cambios en la sensibilidad al precio de los consumidores, variaciones asimétricas de costos entre competidores, y otros. Además, esperar una reducción de competencia producto de prácticas anticompetitivas simultáneamente en los distintos mercados que conforman la canasta del IPC, parece aún más desafiante de analizar.

Más que discutir la causalidad atribuible a problemas de competencia, aprovechemos esta oportunidad para dotar de recursos a autoridades como la Fiscalía Nacional Económica. Ellas tienen las atribuciones para hacer análisis detallados de patrones anómalos, sopesando los riesgos que implica la transparencia de precios entre competidores, lo que suele ser una fácil solución y respuesta de las autoridades, sin reparar en que muchas veces los consumidores son menos conscientes de su utilidad -o de plano la desconocen- y pasan a ser herramientas facilitadoras de la colusión tácita.

Asimismo, sería conveniente evaluar otras herramientas que permitan amortiguar las alzas de precios producto de shocks de oferta, como son los acuerdos eficientes de producción entre competidores.